El presidente provisorio de la Legislatura negocia la entrega de los autos de alta gama con el Tribunal Superior. Aparte del BMW del choque fatal, usa otros tres. La Legislatura dispone de cinco más, dos para el oficialismo y tres para representantes de la oposición. Pidió licencia.
Parecía un castigo para Oscar González volver a la Legislatura provincial, allá por diciembre de 2013. Venía de ser el hombre fuerte en la primera parte del tercer mandato de José Manuel de la Sota, que soñaba con ser presidente y lo había puesto como un jefe de Gabinete con capacidades ampliadas.
González, un dirigente del peronismo cordobés, oriundo de Villa Dolores, que pasó por gestiones nacionales, provinciales y municipales, desplegó sus habilidades de veterano tejedor de la política para construir poder en la Unicameral, por ese entonces encabezada por la vicegobernadora Alicia Pregno, de muy bajo perfil.
No sólo se ubicó como presidente provisorio del cuerpo sino que también ocupó un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y desde ahí siguió siendo un operador judicial del peronismo cordobés.
En sus negociaciones con el Poder Judicial se ocupó personalmente de conseguir para la Legislatura vehículos de alta gama que estaban secuestrados en distintas causas. La mayoría se los quedó él y una parte los usó para negociar con la oposición.
Es así como llegamos a que González cuenta a su disposición el BMW modelo X1, dominio AB292MY (apócrifo), con el chocó el sábado en el camino de las Altas Cumbres y provocó la muerte de una mujer y dejó malheridas a dos jóvenes sino que también tiene otros tres vehículos: una Volkswagen Amarok, una Land Rover Freelander y un Audi A5.
La Legislatura es depositaria de otros cinco autos.
El legislador oficialista Dardo Iturria dispone de un Toyota SW4 SRV. El también peronista Miguel Majul de una Jeep Renegade.
El radical Juan Jure dispone de un Nissan Sentra. El radical Orlando Arduh de un Citroën C4. Darío Capitani del PRO cuenta con un Audi A4.
Qué pasó con el BMW fatal
El auto que conducía González el sábado fue secuestrado por el Juzgado provincial de Villa Dolores en una investigación por estafa hace tiempo.
En octubre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia se lo entregó a la Legislatura en una nota dirigida al presidente provisorio, que hizo personalmente la gestión.
En el acta se dejó constancia de que tenía la patente adulterada.
González ha usado ese y otros vehículos judicializados desde ese momento.
Pero no figura en los registros oficiales de la Justicia provincial de autos entregados en custodia.
Es que a fines de 2021, el Juzgado de Villa Dolores se declaró incompetente en la causa original. En marzo de 2022, el caso pasó a la Justicia federal.
Estallado ahora el escándalo por el siniestro fatal, ambos fueros no se ponen de acuerdo quién debe hacer el seguimiento del auto en custodia.
Lo que sí se informó desde el Tribunal Superior es que la Legislatura es responsable por los daños ocasionados por el vehículo.
Al respecto, autoridades la Unicameral aclararon que el vehículo cuenta “con seguro vigente del resguardo automotor del Gobierno de la provincia de Córdoba”.
La ley obliga a que la afectación sea “exclusiva a una función o servicios públicos específicos”, con lo cual surge la duda de por qué González necesita de cuatro automóviles de alta gama.
Licencia
González ingresó este martes un pedido de licencia hasta el 21 de noviembre mientras el Gobierno provincial analiza qué hará con su futuro político.
Fuente:eldoce.tv