Con la firma de un convenio de cooperación, la Justicia y el Ministerio de Desarrollo Humano pusieron en marcha la Unidad de la Defensa Pública en el Complejo Esperanza, el centro socioeducativo que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) ubicado en una zona rural en el extremo sur de la ciudad.
El acuerdo se celebró en una de las aulas educativas del Complejo Esperanza, donde actualmente se encuentran alojados 122 chicos y chicas de Capital y del interior, quienes en su mayoría afrontan el trámite de sus causas penales con la asistencia de defensores públicos.
Para la firma del convenio acudieron al lugar el titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Angulo y la vocal María Marta Cáceres, y la ministra Liliana Montero y la secretaria de la SeNAF, Julia Reartes.
El titular del TSJ, Luis Angulo, describió a la Unidad de la Defensa Pública como “una herramienta tendiente a garantizar el derecho humano fundamental de acceso a la justicia, pero no sólo en lo referido a la actividad tribunalicia, sino también ampliada una orientación eficiente sobre otros derechos humanos fundamentales, como lo son la salud, la educación o la identidad”, y destacó que el convenio “es fruto de una decisión compartida, tomada en conjunto y articuladamente por dos poderes del Estado”.
La ministra Liliana Montero también resaltó el trabajo interinstitucional como una de las claves del nuevo Ministerio de Desarrollo Humano y del gobierno de Martín Llaryora, que tomó la decisión de abordar la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley penal de manera integral y en toda su complejidad. En ese marco, ubicó la apertura del dispositivo y de otras políticas públicas que se ya se están implementando. «Tenemos dos opciones: o seguimos mirando la punta del iceberg, o abordamos el iceberg completo”, graficó.
“Hemos trabajado en un corto tiempo para hacer realidad esta Unidad de la Defensa Pública, y esta es una muestra de que cuando hay decisión, cuando hay voluntad y cuando hay compromiso en la gestión podemos lograr esta articulación interestatal”, apuntó a su turno Julia Reartes, de SeNAF.
Luego del acto, las autoridades junto con Antonio Franco, subsecretario de Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y encargado del Complejo Esperanza, recorrieron el establecimiento y dialogaron con equipos técnicos y con jóvenes y adolescentes.
Vale recordar que apenas asumió, en su primera jornada de trabajo, la ministra Liliana Montero visitó junto con su equipo el Complejo Esperanza, para interiorizarse de primera mano de las rutinas, necesidades, condiciones y pautas de convivencia que rigen la vida del centro socioeducativo.
Derecho propio
La apertura de la Unidad de la Defensa se enmarca en las obligaciones que emanan de tratados internacionales, nacionales y de la ley provincial 9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA).
Este dispositivo, que existe en otros establecimientos penitenciarios de la provincia, procura garantizar y facilitar el acceso a la Justicia mientras están privados de su libertad, ofreciendo un espacio físico apropiado para brindar un trato directo, en lenguaje claro y sencillo que permita una correcta información y comprensión de todas las circunstancias del proceso. De esta manera, se aspira a brindar una respuesta integral del sistema judicial a sus necesidades y una mejor comunicación con las familias.
Al espacio físico adecuado dentro del Complejo Esperanza, con medios técnicos e informáticos que brinda el Ministerio, el TSJ le aporta la dotación de personal especializado y en cantidad suficiente para tramitar las causas y las consultas de Unidad de la Defensa Pública.