La medida se hizo oficial a través del decreto 755/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, que introduce algunos cambios al programa original.
Anteriormente, para acceder a esta asistencia económica, bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con las modificaciones introducidas, las personas deberán también acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género.
“Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los 18 años de edad”, establece el nuevo artículo, tal como lo hacía el anterior.
A su vez, el Gobierno redujo el tiempo durante el cual se cobrará esta asistencia económica, que será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. La normativa anterior establecía que este monto se cobraría durante seis meses, pero ahora el Ejecutivo dispuso que sea por un lapso de tres meses.