La implementación de la ley hubiera significado un incremento de $251.907.500.000 en los presupuestos vigentes de las universidades nacionales solo hasta agosto de 2024. A esto se sumaba un gasto adicional proyectado en $811.569.000.000 para la recomposición salarial del personal universitario.
“La medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”, se argumentó en otro fragmento.
El mandatario ya había anticipado que el proyecto de ley no tenía futuro y que lo vetaría, ya que afectaría el equilibrio fiscal. Este adelanto puso a las universidades en alerta y la comunidad educativa salió a las calles con un alto acatamiento este miércoles en varias ciudades de Argentina.
Incluso horas antes de oficializar el veto, la Oficina del Presidente había lanzado un durísimo comunicado en redes sociales en el que trató al proyecto de “irresponsable” y apuntó directamente contra dirigentes políticos que participaron de la marcha universitaria, como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió.
Esta disposición del Gobierno se convierte en el segundo rechazo a una ley ya aprobada en el Congreso. Semanas atrás había sucedido con la recomposición de las jubilaciones.