Los rectores de la UNVM, la UNRC y la UNC; junto a los decanos de las facultades regionales de la UTN; y la rectora de la UPC; le enviaron una carta a los 18 diputados nacionales cordobeses para que acompañen la ratificación la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso.
Los rectores de las universidades nacionales de Villa María, Río Cuarto y Córdoba; más los decanos de las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en San Francisco, Villa María y Córdoba; y la rectora de la Universidad Provincia de Córdoba (UPC); solicitaron a los 18 diputados nacionales cordobeses que acompañen la ratificación la ley de financiamiento universitario.
El pedido de promulgación de la norma fue formalizado a través de una carta que las autoridades de las casas de altos estudios hicieron llegar a los legisladores nacionales cordobeses.
La misiva sostiene: “Tras la multitudinaria marcha universitaria en todo el país y luego del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades nacionales (Decreto 879/2024), les solicitamos su acompañamiento para que en el seno de la Cámara de Diputados Nacionales la mencionada Ley sea ratificada”.
Firman la nota, los rectores Jhon Boretto (UNC) y Luis Negretti (UNVM), la rectora Marisa Rovera (UNRC); los decanos de las facultades regionales de la UTN, Héctor Macaño (Córdoba), Alberto Toloza (San Francisco) y Norberto Cena (Villa María); y la rectora María Julia Oliva Cúneo (UPC).
La carta agrega: «La promulgación de esta ley permitiría comenzar a revertir la crisis del sistema universitario, con un articulado que apunta a garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio, dándole previsibilidad a una política de estado que es capital social de toda la sociedad argentina».
Advierten las autoridades que «en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta» y que «es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico”.