El Gobierno redefinió así los montos de las indemnizaciones por las explosiones para cumplir una ley que el Congreso aprobó hace ocho años y se reglamentó en 2018, pero nunca se cumplió.
A 28 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó siete muertos y 300 heridos, el gobierno nacional fijó nuevos montos para las indemnizaciones que en pesos, a través de un decreto de necesidad y urgencia se publicará este jueves en el Boletín Oficial.
El Gobierno redefinió así los montos de las indemnizaciones por las explosiones para cumplir una ley que el Congreso aprobó hace ocho años y se reglamentó en 2018, pero nunca se cumplió. Los nuevos valores son: por muerte, $8.000.000; lesiones gravísimas, $5.600.000; lesiones graves, $4.800.000; daño moral, $800.000; y daño material $760.000.
Cabe recordar que hace pocas semanas, junto a la diputada Gabriela Brouwer de Koning y el abogado patrocinante Mario Ponce, las familias perjudicadas por el atentado en la fábrica militar realizó una protesta ante el Congreso y tuvo un encuentro con funcionarios nacionales para exigir el pago de estas indemnizaciones.
En diálogo con LNM, el abogado Mario Ponce que representa a 8 mil afectados, dijo que se está a la espera de la publicación de la reglamentación de dicho decreto y que una vez que esto ocurra, el pago a los damnificados será «inmediato».
Además, expres+o que la reflamentación debería difundirse «cuando pase el plazo de publicación», aunque confió que desde el Gobierno nacional se les comunicó que la intención es que los damnificados empiecen a cobrar antes de fin de año».
Cabe recordar que la Justicia determinó que las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 2005 fueron intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem.
A fines del 2020, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, emplazó al Estado nacional a que en 30 días pagara las indemnizaciones pendientes en 400 casos representados por el abogado Mario Ponce, quien patrocina a unas 8.000 personas. El Estado nunca cumplió porque apeló; hace unos meses salió un fallo de Cámara rechazando la apelación.
El decreto que oficialmente será publicado en el Boletín Oficial este jueves establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Defensa.