La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, puso en marcha esta tarde el Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y Transgénero aspirantes a cargos laborales en el sector público nacional, y calificó la iniciativa como «un paso más» en «el recorrido y lucha» de ese colectivo.
El acto se realizó en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, con la participación de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda.
También estuvieron las diputadas nacionales Cristina Álvarez Rodríguez, Mónica Macha y Vanesa Siley; la jefa de gabinete del Ministerio de las Mujeres, Lara González Carbajal; la subsecretaria de Políticas de la Diversidad, Alba Rueda; la La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani; la subsecretaria de Educación Social y Cultural el Ministerio de Educación, Laura Sirotzky; y representantes de organizaciones travesti-trans.
En su exposición, Gómez Alcorta dijo que «la decisión del presidente Alberto Fernández fue dar el paso adelante» para que esta iniciativa se cumpla en la administración pública nacional, para que se extienda luego por ley a los poderes Legislativo y Judicial, a través de una iniciativa que ya tiene dictamen en Diputados y que se tratará en las sesiones extraordinarias.
Para Gómez Alcorta «el Estado tiene la capacidad de reparar» y destacó que «esta es una parte, una herramienta, para el acceso al empleo» para un sector «que históricamente sufrió estigmatización, criminalización y patologización».
«Hay que pensar en la inclusión laboral y educativa, en la ampliación de derechos y en dignificar», completó.
Por su parte Ibarra refirió que la medida «amplía derechos» y recordó «la lucha de un colectivo poniendo el cuerpo», con «mucha historia de represión y discriminación».
registro
Para Ibarra «con la lucha la política se hizo cargo» y resaltó la importancia de «pelear por la no discriminación, por más inclusión, igualdad y poder, porque desde el poder se pueden cambiar las cosas».
«Reivindiquemos las mejores políticas para las demandas sociales», apuntó la funcionaria, y consideró que «hoy es un gran paso reparar con trabajo y acceso a la educación».
En tanto Castellani señaló la importancia de «la capacitación y la formación» para «ver en qué áreas se necesitan», y aseguró que la iniciativa «no es solo un resarcimiento sino que jerarquiza el empleo público».
Donda manifestó que «este anuncio es muy cercano, de la lucha que pudieron dar en la calle y del valor que tuvieron para decir quiénes eran» y sostuvo que «este registro es un logro, como lo fue la derogación de artículos del Código Contravencional que las metías presas».
La funcionaria advirtió que «falta mucho por recorrer» pero aclaró que es «un gran paso para empezar a conquistar derechos», porque «este Gobierno pelea por la igualdad y la justicia social, y el derecho al trabajo abre puertas».
Sirotzky subrayó la posibilidad del «acceso a la educación» para concluir con los estudios y calificó la iniciativa «como una decisión fundamental para reparar un colectivo vulnerado».
«Que el derecho a la educación pueda dar acceso a otros derechos», indicó la funcionaria, y resaltó la importancia de «una sociedad más justa, más diversa, con igualdad de oportunidades».
En tanto, Rueda hizo hincapié en «el esfuerzo enorme en los últimos meses» para contar con este registro «que reivindica derechos y modificará las condiciones de vida».
Para Rueda «hay otro modo de hacer el Estado» y remarcó que «una de las batallas histórica» del país «es el principio de igualdad».
Con este decreto, las personas interesadas podrán inscribirse en el registro sin importar si realizaron o no la rectificación registral de la identidad y el cambio de nombre de pila e imagen en su Documento Nacional de Identidad.
La inscripción no es requisito previo en ningún caso para el ingreso, así como su inscripción no garantiza el ingreso a un puesto disponible en el sector público nacional.
El cupo laboral en el sector público fue establecido por el presidente Alberto Fernández en el decreto 721/2020 y garantiza que al menos el uno por ciento de la totalidad de cargos y contratos se destinen para personas travestis, transexuales y transgénero.