El juez federal Ariel Lijo autorizó la liquidación y pago del Salario Social Complementario de noviembre a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que habrían adquirido dólares u otras incompatibilidades, ante un planteo del referente social Juan Grabois.
Ante «la urgencia del caso, autorícese únicamente a la liquidación y pago del Salario Social Complementario del mes de noviembre del corriente año, conforme fue solicitado por el peticionante», decidió el juez en el marco de la investigación que se realiza en el juzgado federal 12, que subroga, según la resolución.
Anoche, desde su cuenta de Twitter, Grabois celebró la decisión: «Fuimos notificados de que el Juzgado Federal Nro 7 ordenó el pago a todos aquellos trabajadores y trabajadoras a los que les retuvieron sus haberes por la falacia de las ‘compras en dolares’ ¡Ningún trabajador sin salario!».
El juez Lijo analizó que, «conforme se encuentra planteado el asunto, el trasfondo de la cuestión se encuentra íntimamente vinculado a un tema administrativo entre las personas que habrían sido dadas de baja por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por haber realizado compra de moneda extranjera y/o consumo de tarjeta de crédito en moneda extranjera».
«Es decir, a actos administrativos emanados por el citado Ministerio. Incluso, no puede soslayarse que la mencionada cartera ministerial inició gestiones administrativas para acreditar fehacientemente quienes no cumplen con los criterios de elegibilidad del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo», agregó.
En ese sentido, mencionó que «en situaciones como ésta, no puede olvidarse que el Derecho Penal es la «última ratio” y tiene que ser el último resorte, el último escalón que debe utilizar el Estado para reprimir una conducta o para solucionar un conflicto».
«Así las cosas, a la luz de la legislación vigente, habré de remitir la presentación realizada por el doctor Grabois al fuero contencioso administrativo federal para su trámite, pues es materia propia de ese fuero», decidió además,
Grabois aludió a unos 2.000 beneficiarios afectados por una eventual suspensión del cobro del Salario Social Complementario, una prestación económica individual del Programa Nacional de Inclusión SocioProductiva y Desarrollo Social «Potenciar Trabajo».
Ante ello, pidió que en forma cautelar se ordene el pago «hasta tanto se logre dilucidar si efectivamente realizaron alguna actividad contraria a los criterios de elegibilidad de las normas vigentes».
Fuente: Télam