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SENADORES PIDEN A VILLARRUEL UNA SESIÓN ESPECIAL PARA QUE SE TRATE EL MEGA DNU

PorAdministrador1

Feb 26, 2024

Son nueve los senadores que le pidieron a la vicepresidenta la sesión para tratar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, firmado el diciembre pasado y que necesita la aprobación de al menos una de ambas cámaras. Una de las firmantes es la senadora de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo.

Senadores del radicalismo, el peronismo disidente y partidos provinciales le reclamaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a sesión especial para debatir el decreto de necesidad y urgencia 70/23. Este fue firmado por el presidente Javier Milei apenas asumió en diciembre del año pasado.

La nota fue enviada el viernes a última hora, pero ingresó esta mañana a la Cámara alta y reclama «según lo establecido en el artículo 19 y 20 del Reglamento, en virtud de su facultad, convocar a una sesión especial» para tratar el DNU.

La mayoría de los firmantes pertenecen a provincias patagónicas, a excepción de dos misioneros y tres peronistas disidentes. Una de ellas, la senadora de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo.

Se trata de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, de Por Santa Cruz; el radical fueguino Pablo Blanco; la representante de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva; y los peronistas disidentes Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos Espínola (Corrientes).

También estamparon su firma los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. En cambio, no fueron de la partida los chubutenses Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (UCR).

El reglamento le otorga a la Vicepresidenta de la Nación, como presidenta del Senado, la facultad de establecer día y hora de la convocatoria a la sesión, algo que fue parte de la discusión con el Frente de Todos y sus reclamos anteriores.

Además, la Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que se convocó la semana pasada, comenzará este jueves, formalmente, a debatir la legalidad del DNU de Milei, así como decenas de normativas similares enviadas por el gobierno de Alberto Fernández.