El cuerpo de investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal allanó y posteriormente clausuró esta tarde y por cinco días el estadio de Boca Juniors, la Bombonera, ante las sospechas de que se superó el aforo del 50% permitido por protocolo sanitario para el partido del sábado pasado ante Lanús, por la 15ta. fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol.

El allanamiento se realizó a pedido de la fiscal Celsa Rodríguez, tras la investigación iniciada ayer, no solo por la eventual violación del protocolo sanitario sino también por la venta de entradas apócrifas, y acto seguido se decidió una clausura preventiva de carácter administrativo hasta el próximo sábado inclusive, con el objetivo de seguir revisando especialmente las cámaras de seguridad y los molinetes del estadio «xeneize».

La investigación alcanza también al partido del domingo pasado entre las selecciones de Argentina y Uruguay (3-0), en el estadio Monumental de River Plate, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El cuerpo de investigadores a cargo de Ramírez detectó al menos 500 tickets irregulares en el juego del seleccionado en el Monumental y contabilizó más de 200 en La Bombonera.

«La idea del allanamiento es la de secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad y todos los elementos que permitan determinar la cantidad de gente que entró a la Bombonera para el partido con Lanús», informaron fuentes judiciales a Télam.

Según fuentes boquenses consultadas por Télam el club no superó «el 46 por ciento del aforo».

Estas investigaciones se suman a las iniciadas en River Plate y Vélez Sarsfield el fin de semana pasado por haber superado la capacidad del 50% permitida en sus estadios, en el superclásico con Boca y ante Independiente respectivamente, con motivo de la vuelta de los hinchas desde el 1 de octubre y tras la restricción impuesta en marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus.

La justicia porteña allanó ambos clubes para determinar en qué grado incumplieron con la limitación impuesta por decreto presidencial, a la vez que imputó a sus presidentes, Rodolfo D’Onofrio y Sergio Rapisarda, y a todas sus comisiones directivas.

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