La Cámara Alta le dio media sanción a los cambios sobre la legislación del ecosistema andino. El proyecto otorga potestad a las provincias y facilita proyectos mineros en zonas de alta montaña.
El Senado de la Nación le dio media sanción este jueves a la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), la normativa de presupuestos mínimos que protege a los glaciares y al ambiente periglaciar en todo el territorio argentino.
Cerca de las nueve de la noche llegó la votación en general que terminó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
En cuanto a los tres representantes de Córdoba, Alejandra Vigo se opuso a los cambios, mientras que Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero acompañaron la propuesta oficialista.
El eje de la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca reconfigurar los límites de protección ambiental con un objetivo claro: armonizar la conservación del recurso hídrico con el desarrollo de la minería a gran escala. Entre los cambios más polémicos se encuentran:
Redefinición de áreas protegidas: Se propone restringir la protección estricta solo a aquellos glaciares que cumplan funciones hídricas «significativas», una categoría que, según técnicos del área, queda sujeta a interpretaciones variables.
Federalismo de recursos: Se otorga a las provincias un rol protagónico en la gestión y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, permitiendo que las autoridades locales tengan la última palabra sobre qué zonas son aptas para la actividad extractiva.
Sintonía con el RIGI: La modificación se presenta como un paso necesario para dar seguridad jurídica a las inversiones contempladas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que identifica a la cordillera como un polo estratégico.
El oficialismo ha logrado tejer alianzas con senadores de provincias con perfil minero, como San Juan, Catamarca y Jujuy, quienes ven en esta reforma una oportunidad histórica para el crecimiento regional.
Sin embargo, el bloque opositor y algunos sectores del radicalismo han manifestado su preocupación por el «vacío legal» que podría generarse. El punto de fricción reside en que, al flexibilizar los controles sobre el ambiente periglaciar (suelos congelados que también aportan agua a las cuencas), se pondría en riesgo el suministro hídrico de las poblaciones que dependen de los ríos cordilleranos.
El reclamo ambientalista
Mientras el debate transcurria en el recinto, diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos científicos se manifiestaron en las inmediaciones del Congreso. Advierten que Argentina es pionera en la protección de glaciares y que dar marcha atrás en los estándares de cuidado actuales podría traer consecuencias irreversibles en un contexto de calentamiento global y sequías prolongadas.
«No estamos ante una mejora técnica de la ley, sino ante un recorte de sus alcances para beneficiar proyectos específicos», sostuvieron referentes del sector ambiental en un comunicado conjunto emitido previo a la sesión.
Fuente: cba24n