La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar un presunto esquema de irregularidades en la implementación del plan de retiros voluntarios del Ministerio de Justicia durante 2024 y 2025. La presentación también solicita determinar si ese mismo mecanismo administrativo fue posteriormente replicado en el PAMI.
La denuncia fue presentada por el periodista e investigador Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien además pidió ser aceptado como querellante en la causa.
El escrito señala a la actual síndica general del PAMI, María Florencia Zicavo; al coordinador ejecutivo del organismo, Juan Cruz Montero; al abogado Danilo Sergio Montevidoni; a Emilio Zicavo y a otras personas que pudieran surgir durante la investigación.
Entre los posibles delitos mencionados figuran negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito y presuntas inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales. La propia denuncia aclara que se trata de hipótesis que deberán ser investigadas por la Justicia y que no implican una afirmación de culpabilidad.
El eje de la presentación apunta a la modalidad utilizada para desvincular al personal contratado mediante el ente cooperador ACARA. Según la denuncia, aunque la normativa establecía que los retiros debían formalizarse mediante escritura pública ante escribano, en la práctica se habrían realizado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), lo que habría generado el cobro de honorarios profesionales no previstos. Además, sostiene que numerosos trabajadores habrían sido representados por un mismo abogado sin haberlo elegido libremente.
La presentación también solicita investigar presuntos vínculos societarios y profesionales entre algunos de los involucrados, la falta de respuesta a pedidos de acceso a la información pública sobre el plan de retiros y supuestas inconsistencias patrimoniales, entre ellas el uso de un vehículo registrado a nombre de una empresa contratista del Estado.
Como parte de la investigación, el denunciante pidió que se determine si exfuncionarios del Ministerio de Justicia trasladaron este modelo de gestión administrativa al PAMI tras asumir cargos en ese organismo.
Desde el Gobierno nacional rechazaron las acusaciones. Fuentes oficiales consultadas por Noticias Argentinas aseguraron que el proceso de retiros voluntarios se desarrolló con normalidad y negaron de manera categórica la existencia de irregularidades.
La denuncia solicita una amplia serie de medidas de prueba, entre ellas requerimientos de documentación a distintos organismos públicos, declaraciones testimoniales, la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la revisión de registros societarios y patrimoniales.
Fuente: Noticias Argentinas (NA).