Un juez de San Juan condenó a seis personas que intentaron obtener documentos nacionales de identidad utilizando los datos de otras personas. Las penas alcanzaron hasta tres años y diez meses de prisión.
El juez con funciones de Juicio y Ejecución, Daniel Doffo, consideró acreditado que los acusados aportaron deliberadamente sus datos biométricos en una oficina del Registro Civil de Pocito para tramitar DNI a nombre de terceros.
Los seis fueron considerados responsables, como autores y en grado de tentativa, del delito de falsedad ideológica agravada de documento público, previsto en el artículo 293 del Código Penal.
La sentencia se dictó luego de un juicio oral desarrollado en cuatro audiencias, a partir de una investigación encabezada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez.
Cómo funcionaba la maniobra
La investigación permitió determinar que los acusados se presentaron personalmente en la delegación Pocito del Registro Civil para aportar sus datos biométricos y avanzar en la emisión de documentos con identidades ajenas.
Los trámites fueron detectados por los controles del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), por lo que los DNI finalmente no llegaron a ser expedidos.
Sin embargo, el juez consideró que la maniobra configuró una tentativa del delito, al entender que los acusados ya habían iniciado el procedimiento administrativo y aportado los datos necesarios.
Las defensas argumentaron que sus representados desconocían que se estaban tramitando documentos con identidades ajenas. Doffo rechazó esa explicación y destacó que, al iniciar el trámite, los acusados recibieron comprobantes donde figuraban el nombre y el número de documento de las personas cuya identidad pretendían utilizar.
También tuvo en cuenta que todos tenían vigente su propio DNI, que realizaron los trámites en una oficina alejada de sus domicilios habituales y que, en algunos casos, aportaron domicilios inexistentes o de difícil localización.
Las condenas
Dayana José, Dayana Castro Cajal, Flavia Vargas y Lucas González fueron condenados a un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional y multas de $20.000.
Analía Rosales recibió una pena de dos años y dos meses de prisión de ejecución condicional y una multa de $25.000, debido a su participación en dos hechos.
En tanto, Carlos Prato fue condenado a un año y diez meses de prisión. Como tenía una condena anterior por una infracción a la Ley de Estupefacientes, se revocó la condicionalidad de aquella sanción y ambas penas fueron unificadas en una condena única de tres años y diez meses de prisión.
En el caso de Rosales, el magistrado consideró especialmente las comunicaciones que mantuvo con Rolando Navarro Saide, señalado como jefe de la organización y condenado en la investigación principal. En esos contactos, según la sentencia, consultaba por la demora de los DNI y hablaba sobre la posibilidad de obtener préstamos y realizar compras.
El juez rechazó que se tratara de un “delito imposible”
Las defensas también plantearon que los hechos debían considerarse una tentativa de delito imposible, debido a los controles tecnológicos implementados por el RENAPER.
El juez rechazó ese argumento. Entre otros elementos, destacó que la investigación había demostrado que la organización logró obtener documentos falsos mediante el mismo mecanismo.
Durante el juicio, una funcionaria de Gendarmería Nacional declaró que, de 14 personas que intentaron usurpar la identidad de 22 víctimas, cinco lograron concretar la maniobra.
Doffo señaló además que los controles definitivos dependen de peritos que revisan entre 200 y 600 expedientes por día y que, pese a los bajos índices de error del sistema, los controles no son infalibles.
Por eso, concluyó que en estos seis casos el fracaso de las maniobras se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad de los acusados y no porque fuera objetivamente imposible concretar el delito.
Una investigación con 23 casos
La causa ingresó al Área de Investigaciones y Litigio de Casos Complejos el 10 de marzo de 2025. Desde entonces se incorporaron 22 nuevas denuncias del RENAPER, se realizaron allanamientos en junio y septiembre de 2025 y se formularon acusaciones por 23 casos de falsedad y asociación ilícita.
Según la información judicial, en el marco de la investigación ya fueron condenados los integrantes de la asociación ilícita y otras personas vinculadas con los hechos consumados, mientras que estos seis acusados fueron llevados a juicio por los casos que quedaron en grado de tentativa.
Además, la Unidad Fiscal solicitó reparaciones integrales para cuatro víctimas que sufrieron perjuicios económicos como consecuencia de las estafas cometidas mediante los documentos apócrifos.