Tras 15 años de investigación, la Justicia condenó a José López, Abel Fatala y a los hermanos Schoklender por el manejo fraudulento de fondos públicos. Julio De Vido, que había sido acusado por la Fiscalía y para quien se habían pedido seis años de prisión, terminó absuelto.
La causa Sueños Compartidos, uno de los grandes escándalos vinculados al manejo de fondos públicos durante el kirchnerismo, tuvo este lunes su esperado desenlace judicial: hubo condenas para exfuncionarios y los hermanos Schoklender, pero Julio De Vido quedó fuera de toda responsabilidad penal en este expediente.
Después de 15 años de investigación, el Tribunal Oral Criminal N°5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión, además de imponerles inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, también fueron condenados. Sergio recibió dos años y ocho meses, mientras que Pablo fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión condicional, como partícipes necesarios.
Pero la decisión que marca el mayor contraste del fallo es la absolución de Julio De Vido.
La Fiscalía había pedido seis años
Durante el juicio, el fiscal Diego Velasco había solicitado seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender.
El tribunal, sin embargo, entendió que no correspondía condenar al exministro de Planificación Federal y resolvió su absolución.
La decisión vuelve a poner el foco sobre una causa que durante años investigó qué ocurrió con los fondos millonarios destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.
Más de $206 millones bajo decomiso
El fallo también ordenó el decomiso de los bienes cautelados durante la investigación, por un total de $206.438.454,05.
La causa se inició en 2011 y estuvo centrada en el presunto desvío y administración irregular de recursos públicos destinados a viviendas entre 2005 y 2011.
Ahora, quince años después del inicio de la investigación, la Justicia fijó responsabilidades penales para parte de los acusados, mientras que uno de los funcionarios de mayor jerarquía involucrados en el expediente, Julio De Vido, fue absuelto.
Los argumentos que explicarán por qué el tribunal llegó a estas conclusiones se conocerán el 13 de noviembre a las 17, cuando sean difundidos los fundamentos completos de la sentencia.