La iniciativa oficialista fue aprobada por 44 votos contra 23. El nuevo régimen elimina los límites de ingresos y patrimonio y modifica los criterios de fiscalización de ARCA.
El Senado de la Nación convirtió en ley el régimen denominado Inocencia Fiscal II, una reforma impulsada por el oficialismo que modifica el esquema de cumplimiento y fiscalización tributaria para personas humanas residentes fiscales en Argentina.
La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales.
Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que establecía el régimen anterior. De esta manera, dejan de regir los límites de $1.000 millones de ingresos anuales y de $10.000 millones de patrimonio para acceder al esquema simplificado.
La nueva normativa también modifica el concepto de “discrepancia significativa” utilizado en los controles tributarios. Según el nuevo criterio, se configura cuando ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos impositivos de al menos 15%, con un piso de $5 millones.
Otro de los cambios establece que los contribuyentes tendrán 15 días hábiles para rectificar una declaración jurada luego de recibir una notificación administrativa o una determinación de oficio.
Además, la ley contempla la exención de multas en determinados casos para contribuyentes que hayan regularizado ajustes anteriores en Ganancias o IVA y se incorporen al régimen simplificado.
Funcionarios públicos
La norma también permite que los funcionarios públicos accedan al esquema de simplificación de las declaraciones juradas de Ganancias.
Sin embargo, quedan expresamente excluidos de la posibilidad de ingresar al blanqueo de capitales contemplado por el régimen.
El argumento del oficialismo y el rechazo opositor
Durante el debate, el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero, miembro informante del proyecto, sostuvo que la reforma apunta a modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes.
“Se trata de confianza”, afirmó, al defender un sistema que, según el oficialismo, busca reducir la carga burocrática y otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, también respaldó la iniciativa y sostuvo que permitirá avanzar hacia una Argentina “simple, predecible y con mayor seguridad jurídica”.
Desde la oposición, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, cuestionó el proyecto y anticipó el rechazo de su bancada. Según sostuvo, la reforma se enmarca dentro de un programa económico que perjudica a trabajadores, jubilados y pensionados.
También hubo cambios en biocombustibles
Durante la misma sesión, el Senado sancionó modificaciones a la Ley 27.640 de Biocombustibles.
El nuevo esquema eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%, con un 6% correspondiente a producción de caña de azúcar, otro 6% a maíz y un 3% sujeto a competencia.
En el caso del biodiésel, el corte obligatorio pasará del 5% al 10%, aunque durante los primeros 12 meses se establecerá en 7,5%.
La reforma también modifica el mecanismo de determinación de precios, elimina el precio máximo y toma como referencia el valor exportable. Además, habilita a las provincias a incrementar los porcentajes de corte.
Otros proyectos aprobados
El Senado aprobó además, por unanimidad, los pliegos de Alejandro Javier Catania, Juan Pedro Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto para cargos judiciales.
Por otra parte, la Cámara alta sancionó, por 44 votos a favor y 21 en contra, el traspaso a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de distintas competencias penales.
Entre los delitos incluidos se encuentran aquellos contra la libertad, el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y los delitos viales. El nuevo esquema también contempla competencias sobre delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años.