El oficialismo analiza restablecer restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros e impulsa modificaciones en otros proyectos para sumar el respaldo de bloques dialoguistas. La oposición busca tratar la derogación del megadecreto en Diputados el próximo 15 de octubre.
El Gobierno nacional intensifica las negociaciones en la Cámara de Diputados para evitar que avance el intento opositor de derogar el DNU 70/2023. Entre las alternativas que evalúa el oficialismo figura la reincorporación de límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, junto con cambios en iniciativas vinculadas con la defensa de la soberanía nacional y el Presupuesto 2027.
La estrategia apunta a conseguir el acompañamiento de bloques dialoguistas que cuestionan algunos efectos del decreto, pero que no necesariamente están dispuestos a respaldar su derogación completa.
La Ley de Tierras, en el centro de la negociación
Una de las principales opciones que analiza La Libertad Avanza es incorporar nuevamente restricciones a la compraventa de tierras rurales por parte de extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado.
Para avanzar en esa discusión, fueron convocadas las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados para el miércoles 14 de octubre, un día antes de la sesión especial solicitada por la oposición para debatir el rechazo del DNU.
Entre los planteos de los bloques dialoguistas aparece la posibilidad de restablecer el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales provinciales y municipales, tal como establecía la legislación derogada por el decreto.
La iniciativa permitiría al oficialismo ofrecer una respuesta específica a los cuestionamientos sobre la venta de tierras sin necesidad de resignar el conjunto de las desregulaciones contenidas en el megadecreto.
La oposición insiste con la derogación
La oposición mantiene su intención de llevar el tema al recinto el jueves 15 de octubre. Sin embargo, necesita reunir el quórum necesario para abrir la sesión, una posibilidad que, según el escenario parlamentario descripto, todavía no está garantizada.
Desde Unión por la Patria buscan que el debate permita identificar qué diputados están dispuestos a respaldar el rechazo del decreto. La convocatoria coincidirá, además, con una nueva Marcha Federal Universitaria, que incluirá reclamos por el financiamiento de las universidades públicas, la Ley de Tierras y el sistema de discapacidad.
Negociaciones por el Presupuesto 2027 y la soberanía nacional
Las conversaciones del oficialismo también incluyen modificaciones al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y compromisos para discutir partidas presupuestarias destinadas a discapacidad, universidades nacionales y obras públicas en el marco del Presupuesto 2027.
Entre los cuestionamientos de los bloques aliados figura el artículo 111 del proyecto de soberanía, que contempla penas de prisión para determinadas acciones realizadas por cuenta o financiamiento de entidades extranjeras, entre ellas campañas coordinadas de desinformación y actos destinados a alterar el funcionamiento de las instituciones.
Sectores de la oposición advierten que esa redacción podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. También plantean objeciones a las atribuciones previstas para el Poder Ejecutivo en materia de seguridad nacional.
La discusión del Presupuesto 2027 comenzará el martes 13 de octubre, según lo previsto en la agenda parlamentaria mencionada en la información de origen.
La Corte Suprema, otra pieza clave
En paralelo a las negociaciones legislativas, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente resolver un planteo relacionado con la derogación de la Ley de Tierras. La presentación fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Los demandantes buscan que se aclare el alcance de una resolución anterior del máximo tribunal y solicitan una medida cautelar que podría restablecer las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El desenlace judicial podría incidir en la discusión política y legislativa, mientras el oficialismo procura reunir apoyos para sostener el DNU 70/2023 y la oposición intenta llevar su derogación al recinto.