El juicio por el caso de Solange Musse terminó este lunes con las absoluciones de los dos imputados por impedir, en agosto de 2020, el ingreso a Córdoba de Pablo Musse, padre de Solange, quien buscaba despedirse de su hija, enferma terminal de cáncer de mama en etapa IV, en Alta Gracia.
Después de una larga deliberación, los jurados populares decidieron eximir de culpas al médico José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, y a la asistente social Analía Morales.
El veredicto fue informado pasadas las seis de la tarde por la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto.
Cerca del mediodía el fiscal Julio Rivero solicitó un año y seis meses de prisión para los dos acusados. Además, por el hostigamiento recibido por la familia en su viaje hasta la ciudad de Plottier, el fiscal expuso que Solange Musse y su familia sean declarados víctimas de violencia institucional.
Los dos imputados eran integrantes del COE Regional Río Cuarto y fueron acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desde el lado de la querella, el abogado José Nayi, pidió dos años de ejecución condicional e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.
“Hay un estado de ansiedad de la familia. Esto tiene que ver con una necesidad de que el jurado popular los escuche, nos escuche a la querella y nos pueda dar una respuesta que responsabilice a alguien”, admitió Nayi.
Posturas encontradas
Por un lado, dentro de las acusaciones que relata la querella, se sostiene un incumplimiento de los protocolos al desoír las excepciones humanitarias; de esta forma se vulneraron los derechos básicos no solo de Solange Musse, sino también de su padre.
Por otro lado, las defensas argumentan que sus clientes no tuvieron responsabilidad directa en el operativo de control de Huinca Renancó, donde el padre de la víctima fue obligado a volver, impidiéndole despedirse, y que sus imputaciones responden a una investigación con “falencias”.
Este juicio, en caso de condena, da lugar a aplicar el concepto de violencia institucional, lo que podría dar lugar a un nuevo juicio contra exministros y autoridades actuantes en agosto de 2020.
Fuente:cba24n