El Concejo Deliberante de Río Cuarto dio inicio este miércoles al tratamiento en comisión de dos iniciativas que han generado un fuerte debate político: la implementación de narcotest para funcionarios municipales y la exigencia de certificados de antecedentes penales para quienes integren la administración pública.
La Comisión de Gobierno mantuvo su primera reunión para comenzar a analizar ambos proyectos, que forman parte de la agenda legislativa y prometen ocupar un lugar central en la discusión política de las próximas semanas.
Por un lado, el oficialismo impulsa un proyecto que propone la realización de pruebas de detección de consumo de drogas a funcionarios de la órbita municipal, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia en el ejercicio de la función pública.
En paralelo, el presidente del bloque Primero Río Cuarto, Gabriel Abrile, presentó una iniciativa para exigir el certificado de antecedentes penales a los trabajadores y funcionarios municipales. El edil había solicitado que el proyecto fuera tratado sobre tablas durante la última sesión, aunque la propuesta no obtuvo el respaldo necesario para su tratamiento inmediato.
Pese a ello, la iniciativa generó una amplia repercusión política y quedó incorporada al trabajo de la Comisión de Gobierno junto al proyecto de narcotest.
Según trascendió, el debate continuará la próxima semana y no se descarta que la comisión convoque a especialistas en materia jurídica, constitucional, laboral y sanitaria para brindar opiniones técnicas y despejar dudas sobre el alcance de ambas propuestas.
La intención de los concejales es reunir la mayor cantidad de elementos antes de emitir despacho y avanzar con el tratamiento de dos proyectos que prometen seguir generando discusión tanto dentro del ámbito legislativo como en la comunidad.