El Gobierno nacional adjudicó 1.871 kilómetros de rutas nacionales a empresas privadas en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC), profundizando el proceso de privatización de la infraestructura vial impulsado por la administración nacional.
La medida fue confirmada por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, luego de la apertura de sobres realizada en febrero. A partir del 1 de julio, las empresas Corredor Vial 5 y Rutas Sur Atlántico asumirán la operación, administración y mantenimiento de los corredores adjudicados.
Los corredores concesionados
La Etapa II-A comprende dos grandes tramos:
- Tramo Pampa: será administrado por Corredor Vial 5 e incluye las rutas nacionales 5 y 35.
- Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur: quedó a cargo de Rutas Sur Atlántico e incluye las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Desde el Gobierno señalaron que este nuevo esquema reemplaza el sistema anterior, que requería aportes del Estado nacional, y busca que la operación y el mantenimiento de las rutas sean financiados mediante concesiones privadas.
Continúa el proceso
El plan de concesiones avanza por etapas. El Ejecutivo ya firmó los contratos correspondientes a la Etapa I, que comprende 741 kilómetros del Corredor Mercosur, incluido el puente Rosario-Victoria.
En tanto, la Etapa III ya completó la apertura de ofertas y se encuentra en proceso de adjudicación. Esta fase contempla más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en ocho corredores que atraviesan las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.
Con esta decisión, el Gobierno continúa avanzando en su política de transferencia de la gestión vial al sector privado, con el objetivo de reducir la participación del Estado en la administración de la infraestructura nacional.