Los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano solicitaron el procesamiento de los jueces Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Además, pidieron el arresto domiciliario para Sánchez Torres, a quien atribuyen los delitos de abuso de autoridad y violencia de género institucional.
Ahora será el juez federal Alejandro Sánchez Freytes quien deberá resolver el pedido de procesamiento, mientras que la eventual aplicación de una medida de arresto domiciliario dependerá del Consejo de la Magistratura.
La investigación
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la secretaria penal Celina Laje Anaya, quien afirmó que los magistrados habrían acordado manipular la conformación de la Cámara Federal en los expedientes conocidos como «Padilla» y «Humanes», ambos vinculados a una investigación por presunta evasión tributaria.
Según la acusación, la maniobra buscaba garantizar la intervención de Sánchez Torres y Montesi en esos expedientes con el objetivo de favorecer a ex directivos de una empresa cerealera.
Denuncias por hostigamiento
Laje Anaya también denunció haber sido víctima de maltratos y hostigamiento luego de oponerse a esas presuntas maniobras. De acuerdo con la presentación judicial, habría sufrido gritos, humillaciones, cambios de oficina, sobrecarga de tareas y medidas de aislamiento.
Su abogado, Claudio Orosz, sostuvo que la investigación reunió «abundante prueba» que respaldaría las acusaciones formuladas contra los magistrados.
Sánchez Torres y Montesi acumulan actualmente cuatro denuncias en su contra, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar sus eventuales responsabilidades.