La Secretaría de Trabajo de Córdoba dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantienen la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una medida que permitirá normalizar el servicio de Justicia luego de casi cinco meses de protestas.
La conciliación tendrá una vigencia de 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros 10 días hábiles, y obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto. En ese marco, el Gobierno provincial destacó que la resolución dispone el restablecimiento inmediato y completo del servicio de Justicia en todas las circunscripciones de Córdoba.
Comienza una nueva negociación
La Secretaría de Trabajo, encabezada por Omar Sereno, convocó a la primera audiencia de negociación para este viernes a las 10 de la mañana.
A diferencia de instancias anteriores, la mesa de diálogo no solo estará integrada por el gremio y el TSJ, sino que también contará con la participación del Gobierno provincial, ya que el Ejecutivo es quien financia el presupuesto del Poder Judicial.
El objetivo es alcanzar durante la conciliación un acuerdo salarial que permita cerrar un conflicto que ya acumula 27 jornadas de paro, además de otras medidas de fuerza que afectaron el funcionamiento de los tribunales.
El reclamo salarial
Antes del dictado de la conciliación, la asamblea de trabajadores judiciales definió como mandato exigir una recomposición salarial del 25%.
El conflicto se profundizó luego de que se aplicaran descuentos por los días de paro, con quitas salariales de entre 200.000 y 450.000 pesos sobre los haberes de julio. Además, el gremio fue notificado de que esos descuentos corresponden solo a la primera de cuatro cuotas previstas.
La propuesta anterior del TSJ contemplaba adelantar etapas de la equiparación salarial con la Justicia Federal, aunque ahora se espera una oferta superadora con respaldo financiero del Ejecutivo, especialmente para los cargos de menores ingresos, como auxiliares y escribientes.
Qué ocurre si no hay acuerdo
Si las negociaciones fracasan durante el período de conciliación, la legislación prevé distintas instancias para intentar resolver el conflicto. Como último recurso, la autoridad laboral podría dictar un laudo obligatorio, fijando una recomposición salarial que ambas partes deberían acatar.
Se trata de una herramienta excepcional y prácticamente sin antecedentes en el ámbito del Poder Judicial cordobés.
Otros reclamos
Además del aumento salarial, los trabajadores judiciales reclaman la eliminación de los aportes extraordinarios destinados a la Caja de Jubilaciones y a Apross, que representan descuentos adicionales de hasta el 10% sobre los salarios.
En paralelo, el Gobierno provincial analiza modificar la reglamentación de la Ley de Emergencia Previsional para reducir del 8% al 6% el aporte máximo destinado a la Caja de Jubilaciones, una medida que también alcanzaría a magistrados y funcionarios judiciales.
Preocupación del Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados de Córdoba volvió a expresar su preocupación por el prolongado conflicto y solicitó al Tribunal Superior de Justicia avanzar hacia una solución definitiva.
La entidad advirtió que la paralización de la actividad judicial perjudica tanto el ejercicio profesional de los abogados como el acceso a la Justicia de los ciudadanos, y manifestó su disposición a participar de las negociaciones como tercero afectado.