La Administración Pública Nacional redujo en agosto casi 8% los pagos respecto del mismo mes del año pasado. El mayor recorte se concentró en las transferencias a provincias y municipios, mientras que también disminuyeron las partidas destinadas a jubilaciones, ayudas sociales y gastos en personal.
El Gobierno profundizó durante agosto el ajuste del gasto público con el objetivo de sostener el superávit fiscal, en un escenario marcado por una caída de los recursos. Según datos relevados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las erogaciones efectivamente pagadas de la Administración Pública Nacional (APN) se redujeron 7,95% interanual durante el octavo mes del año.
La APN representa alrededor del 90% del Sector Público Nacional. En términos de gasto devengado, es decir, las erogaciones autorizadas aunque todavía no necesariamente pagadas, la reducción alcanzó el 9,95%.
Uno de los principales focos del ajuste estuvo puesto en las transferencias a provincias y municipios. De acuerdo con el informe del IARAF, estas partidas registraron en agosto una caída del 66,39% interanual. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la reducción alcanzó el 63,10%.
El recorte también alcanzó a otras áreas del gasto público. Durante agosto, los servicios no personales disminuyeron 28,92%, mientras que las ayudas sociales a personas y las asignaciones familiares retrocedieron 16,65%. Las jubilaciones y pensiones tuvieron una baja del 8,45% y los gastos en personal se redujeron 6,13%.
Las partidas que aumentaron
No todos los componentes del gasto tuvieron el mismo comportamiento. Las transferencias al sector privado, que incluyen los subsidios económicos, aumentaron 14,51% durante agosto.
También se incrementaron las transferencias destinadas a universidades nacionales, con una suba del 9,48%, y las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional, que crecieron 2,70%.
En el acumulado de enero a agosto, las mayores reducciones volvieron a concentrarse en las transferencias a provincias y municipios, con una caída del 63,10%, seguidas por los servicios no personales, que disminuyeron 17,95%, y las ayudas sociales y asignaciones familiares, con una baja del 13,64%.
En sentido contrario, las transferencias al sector privado vinculadas a subsidios económicos acumularon una suba del 33,2%, mientras que las jubilaciones y pensiones registraron un incremento del 1,03%.
El peso de las jubilaciones
Aunque el incremento acumulado de las jubilaciones y pensiones aparece como moderado en términos porcentuales, se trata de una de las partidas de mayor peso dentro de las cuentas públicas.
Según el análisis citado, las jubilaciones y pensiones representan entre el 45% y el 46% del gasto primario total. Por ese motivo, incluso pequeñas variaciones porcentuales en esta partida tienen un impacto significativo sobre el resultado fiscal.
La tensión con los gobernadores
El ajuste sobre las transferencias a provincias y municipios también tiene una dimensión política. Los gobiernos provinciales deben afrontar una menor disponibilidad de recursos provenientes tanto de envíos discrecionales como de la evolución de las transferencias automáticas.
La estrategia fiscal del Gobierno se desarrolla, además, mientras la administración de Javier Milei busca sostener el superávit y avanzar con su programa económico.
El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene para este año una meta de superávit acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de $16,2 billones. En junio, la meta establecida era de $6,8 billones y el resultado quedó levemente por debajo, luego de un waiver de $1,6 billón.
En este contexto, el presidente Javier Milei ratificó su decisión de mantener el ajuste fiscal hasta consolidar la baja de la inflación.
La contracara del programa es el impacto sobre las provincias. Mientras el Gobierno necesita negociar con los gobernadores para avanzar con sus iniciativas legislativas, los mandatarios provinciales afrontan una reducción significativa de los recursos que reciben de la Nación. Esa situación mantiene abierto uno de los principales frentes políticos de la gestión económica.