AGD-UNRC adhirió al paro nacional convocado para este martes 8 de septiembre. La medida alcanza a docentes universitarios y se suma al plan de lucha que contempla nuevas jornadas de protesta y una quinta Marcha Federal Universitaria en octubre.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) tendrá este martes 8 de septiembre una jornada de paro en el marco de la medida de fuerza convocada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, a la que adhirió la Asociación Gremial Docente de la UNRC (AGD-UNRC).
El paro no implica el cierre de la Universidad ni la suspensión automática de todas las actividades, sino que consiste en una medida de fuerza gremial a la que adhieren los trabajadores comprendidos por las organizaciones sindicales convocantes. En el caso de la UNRC, la adhesión de AGD-UNRC alcanza al sector docente.
Por este motivo, las actividades académicas pueden verse afectadas en aquellas cátedras cuyos docentes adhieran al paro, mientras que las dependencias y actividades a cargo de trabajadores que no adhieran podrán funcionar con normalidad.
La medida fue anunciada luego del fracaso de la reunión paritaria realizada el pasado 1 de septiembre, ante la falta de respuestas a los reclamos salariales y presupuestarios planteados por los gremios universitarios.
Nuevas medidas durante septiembre
El plan de lucha continuará el martes 15 de septiembre con una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, destinada a visibilizar los reclamos de docentes, no docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria.
Además, los gremios anunciaron un acto frente al Palacio Pizzurno para el 17 de septiembre, en coincidencia con las reuniones paritarias previstas para docentes y no docentes.
Una nueva Marcha Federal
Como parte de la continuidad del reclamo, el Frente Sindical resolvió avanzar también con la convocatoria a una V Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.
Entre las principales demandas se encuentran el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación, la actualización de las becas Progresar y Belgrano y un presupuesto acorde con las necesidades de las universidades nacionales.
El conflicto mantiene como principales ejes el financiamiento de las universidades y la situación salarial de sus trabajadores, en un contexto de tensión entre las organizaciones gremiales y el Gobierno nacional.