El juez federal de Córdoba Miguel Vaca Narvaja remitió las actuaciones al fiscal Carlos Casas Nóblega. La investigación surge de una causa colectiva vinculada al pago de prestaciones para personas con discapacidad.
La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por un presunto incumplimiento de una resolución judicial relacionada con las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
La medida fue dispuesta por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, quien remitió los antecedentes al fiscal federal Carlos Casas Nóblega para determinar si las conductas denunciadas podrían constituir desobediencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación se originó en un amparo colectivo que había derivado en una resolución judicial de junio, mediante la cual se ordenó a Incluir Salud y al PAMI regularizar los pagos adeudados a prestadores que atienden a personas con discapacidad. El fallo había establecido un plazo para normalizar la cadena de pagos.
Según la presentación realizada por la abogada patrocinante del amparo, Marta Lastra, las autoridades no habrían acreditado adecuadamente el cumplimiento de lo ordenado por el magistrado. La información disponible señala que PAMI presentó documentación, aunque habría resultado insuficiente para demostrar el cumplimiento de la orden judicial.
El caso alcanza a los beneficiarios de Incluir Salud y PAMI, mientras que en Córdoba también se tramitan cientos de expedientes vinculados a reclamos por cobertura y por dificultades relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según los datos difundidos en torno a la causa, son 440 los expedientes acumulados contra la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La remisión a la Fiscalía no implica una condena ni determina responsabilidad penal de los funcionarios: abre una instancia de investigación para establecer si existió efectivamente un incumplimiento y si corresponde atribuir responsabilidad penal.