Los documentos presentados ante la Justicia por Alejandro Vilches detectaron diferencias de precios de hasta 1.972% frente a compras de otros organismos y, en algunos insumos ortopédicos, porcentajes de hasta 4.239% respecto de valores de mercado.
Nuevos informes técnicos incorporados a la investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revelaron diferencias millonarias en la compra de medicamentos, prótesis e insumos médicos y ortopédicos durante la gestión del exdirector Diego Spagnuolo.
La documentación fue presentada ante la Justicia por Alejandro Vilches, quien asumió al frente del área de Discapacidad luego de la salida de Spagnuolo y dispuso una auditoría interna sobre las contrataciones realizadas anteriormente.
Según los informes, se detectaron compras cuyos valores llegaron a ser hasta 1.972% superiores a los abonados por otros organismos públicos por productos iguales o similares. Además, otro relevamiento encontró presuntos sobreprecios de hasta 4.239% al comparar determinadas compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis con referencias de mercado utilizadas por técnicos del Ministerio de Salud.
Los documentos analizaron más de 500 expedientes administrativos y apuntaron a nueve proveedores que, en conjunto, emitieron facturas a pagar por la entonces ANDIS por más de $25.661 millones.
Diferencias millonarias frente a compras del PAMI
Uno de los casos señalados corresponde a Farma Salud, que habría facturado a la ANDIS $425 millones por un sistema de válvulas bicavales transcatéter en julio de 2025. Meses antes, el PAMI había adjudicado un sistema similar a otra empresa por $124,2 millones.
Otro de los ejemplos menciona una válvula pulmonar autoexpandible por la que la ANDIS habría pagado $295,1 millones, mientras que el PAMI había abonado $36,4 millones por un producto comparable.
En el caso de los implantes cocleares, los informes señalaron que el precio promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613 por unidad, frente a una referencia de mercado de unos US$16.975. El cálculo incluido en la presentación judicial estimó una diferencia del 269% sobre ese valor de referencia.
Una factura que habría sido pagada dos veces
Entre las irregularidades detectadas aparece también una factura de la empresa Indecomm por $28,7 millones que, según el informe, habría sido abonada en dos oportunidades.
Los documentos también señalaron adquisiciones de productos importados con valores superiores a alternativas nacionales y presuntos errores de categorización en determinados expedientes.
En el área ortopédica, uno de los informes comparó una silla de traslado postural facturada por $18 millones con una referencia de mercado de $945.000, diferencia que el documento estimó en un 1.904%.
También se analizaron ocho sillas facturadas por una misma empresa por un total de $134 millones, frente a una referencia de mercado de $11,27 millones.
El caso de una prótesis que no habría sido entregada
Uno de los episodios más particulares detectados en la auditoría ocurrió con un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis luego de una amputación.
La documentación indicaba que el elemento había sido entregado y contaba con un remito firmado por la madre del beneficiario. Sin embargo, el relevamiento realizado posteriormente determinó que el paciente no había recibido efectivamente la prótesis.
Según el informe, la firma habría sido obtenida bajo una situación de error durante la toma de medidas y no acreditaba la recepción material del elemento.
También hubo observaciones sobre los padrones
La auditoría no se limitó a las contrataciones. Los informes también señalaron problemas en los sistemas de información y en los padrones de beneficiarios.
Según la documentación citada por las investigaciones periodísticas, un cruce entre el Certificado Único de Discapacidad y el Renaper identificó 178.254 personas fallecidas dentro de un padrón que registraba 1.656.641 activos a fines del año pasado.
También se detectaron 114 titulares de pensiones no contributivas por invalidez que se encontraban privados de su libertad, ya fuera bajo detención efectiva o arresto domiciliario.
Este dato, sin embargo, no implica por sí mismo que esas personas fallecidas estuvieran cobrando indebidamente una pensión o utilizando prestaciones, por lo que debe interpretarse en el contexto de la auditoría de los registros.
La investigación continúa en la Justicia
Los informes fueron incorporados a la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el sistema de compras de la exANDIS.
La presentación de Vilches se realizó ante la Justicia federal y forma parte de una investigación que también analiza el presunto pago de sobornos y la actuación de funcionarios y proveedores durante la gestión de Spagnuolo.
Desde el entorno de Spagnuolo negaron responsabilidad del exdirector en las contrataciones, mientras que representantes de algunos proveedores cuestionaron las conclusiones sobre los precios y plantearon diferencias respecto de la metodología utilizada para establecer los valores de referencia.
Por el momento, los porcentajes y situaciones mencionados corresponden a hallazgos consignados en informes incorporados a una investigación judicial y no constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidad penal.