El juez federal Martín Cormick aplicó la sanción al jefe de Gabinete por el incumplimiento de una medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles. La decisión se conoció en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria.
La Justicia federal dispuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue dictada este miércoles por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien consideró que correspondía hacer efectiva la sanción tras vencer los plazos otorgados al Poder Ejecutivo para cumplir con la orden judicial.
La medida responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció la falta de cumplimiento de las disposiciones referidas a la recomposición salarial de docentes y no docentes de las universidades públicas y a la actualización de las becas estudiantiles.
Una sanción que puede aumentar
El magistrado fijó inicialmente la multa en $100.000 por cada día de incumplimiento. También dejó abierta la posibilidad de modificar el monto y ampliar la nómina de funcionarios alcanzados si persiste la situación.
La sanción, conocida como astreinte, busca que el funcionario cumpla con una obligación impuesta judicialmente. En este caso, recae sobre el titular de la Jefatura de Gabinete, a cargo de la administración general del país.
El conflicto judicial se originó en torno a la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar que exige cumplir con las disposiciones salariales y presupuestarias continúa vigente, pese a las apelaciones presentadas por el Estado nacional.
La decisión se conoció antes de la marcha universitaria
La resolución se difundió a pocas horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la educación pública y para reclamar el cumplimiento de la legislación de financiamiento de las universidades nacionales.
El conflicto involucra la actualización de los salarios del personal universitario y la recomposición de las partidas destinadas a becas estudiantiles, dos de los puntos centrales del reclamo de las instituciones de educación superior.
La aplicación de la multa agrega un nuevo capítulo judicial a la disputa entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales por la ejecución de los fondos previstos en la ley.