Tras más de 15 horas de debate, la Cámara baja aprobó devolver la iniciativa a comisión por 121 votos contra 117 y cinco abstenciones. La decisión postergó el tratamiento de una propuesta que buscaba refinanciar deudas, limitar intereses y condonar punitorios. Los cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas se abstuvieron.
La Cámara de Diputados de la Nación resolvió devolver a comisión el proyecto sobre Endeudamiento Familiar, luego de una extensa sesión que terminó durante la madrugada de este jueves. La moción fue aprobada por 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, en una votación que dejó al descubierto las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos necesarios para avanzar con su iniciativa.
La decisión implica que el proyecto volverá a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, pero sin una fecha establecida para retomar su tratamiento. De esta manera, quedó postergada la discusión sobre posibles mecanismos de alivio para las familias que acumulan deudas y enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Uno de los datos destacados de la votación fue la abstención de los cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas, alineados con el gobernador Martín Llaryora. Su postura tuvo incidencia en una definición ajustada, en la que el oficialismo y sus aliados consiguieron aprobar el regreso a comisión pese a no contar con los votos suficientes para avanzar con el proyecto original.
Dos propuestas enfrentadas
El debate enfrentó dos enfoques sobre cómo abordar el crecimiento del endeudamiento de los hogares. El dictamen de mayoría, impulsado por La Libertad Avanza junto con aliados del PRO y la UCR, proponía establecer reglas de transparencia crediticia, mejorar el acceso a la información y promover la educación financiera.
La iniciativa, denominada Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores, apuntaba a que los usuarios pudieran conocer con mayor claridad las condiciones de los préstamos, los costos financieros y sus perfiles de riesgo.
Sin embargo, no contemplaba topes generales a las tasas de interés ni un régimen obligatorio de refinanciación para quienes acumulan atrasos en sus pagos.
La oposición, por su parte, impulsó una propuesta alternativa de regularización y alivio financiero, con medidas destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los deudores en situación crítica.
Refinanciación en cuotas y límites a los intereses
El dictamen de minoría, respaldado por Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y la Coalición Cívica, proponía declarar la emergencia financiera por 180 días y establecer un régimen voluntario de refinanciación para personas con más de 60 días de mora.
El mecanismo alcanzaría deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, un límite que el texto ubicaba en aproximadamente $3.265.010. El esquema contemplaba planes de al menos 12 cuotas y establecía que el pago mensual no superara el 30% de los ingresos del deudor.
La propuesta también incluía la condonación del 100% de los intereses punitorios, límites a los intereses compensatorios y restricciones al costo financiero de los créditos. Además, incorporaba medidas contra las prácticas abusivas de cobranza, mecanismos de portabilidad financiera y herramientas de educación económica.
Sus impulsores sostenían que el problema no podía abordarse únicamente con información para los consumidores, sino que también requería instrumentos concretos para quienes ya no pueden afrontar las cuotas.