El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, tomó la decisión en la causa que investiga una transferencia de 200.000 dólares recibida por el exdiputado en 2020 y vinculada con el empresario Federico “Fred” Machado. También fueron procesados su contador y una sociedad familiar.
La Justicia Federal de San Isidro procesó al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos y dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes, además de prohibirle salir del país.
La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli y se relaciona con una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por delitos financieros.
La transferencia bajo investigación
La pesquisa busca determinar si los fondos recibidos por Espert tenían origen ilícito y si se utilizaron operaciones comerciales y financieras para darles apariencia de legalidad.
La explicación presentada por el exdiputado sostiene que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento profesional con Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala y vinculada a Machado.
Sin embargo, la Fiscalía sospecha que ese contrato habría sido utilizado para simular la prestación de servicios y justificar el ingreso del dinero. Entre las operaciones analizadas figuran movimientos bancarios y la adquisición de vehículos y participaciones en un fideicomiso inmobiliario.
También procesaron al contador
La resolución judicial alcanzó además al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos. Para él se dispuso un embargo de $700 millones.
También se ordenó un embargo de $500 millones sobre Varianza S.A., una sociedad familiar vinculada al exlegislador.
La defensa había pedido el sobreseimiento
Espert rechazó las sospechas y sostuvo que la transferencia respondía a una contratación legítima. En sus presentaciones ante la Justicia pidió el sobreseimiento y cuestionó aspectos de la investigación.
El procesamiento representa un avance en el expediente, pero no equivale a una condena: la causa continúa su trámite judicial y la responsabilidad penal deberá resolverse en las siguientes instancias.