En un encuentro junto a las defensorías de Santa Fe y Entre Ríos, representantes de Córdoba cuestionaron la falta de respuestas del Estado nacional y expusieron datos sobre la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para acceder a la salud y la vulnerabilidad habitacional de las personas mayores.
La situación económica y social de los adultos mayores volvió a quedar en el centro de la agenda institucional. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba participó de una jornada conjunta con sus pares de Santa Fe y Entre Ríos, en la que se plantearon las principales dificultades que atraviesan las personas mayores para acceder a sus derechos.
El encuentro, denominado «Ciudadanía y derechos en tiempos de longevidad», fue organizado por la Facultad y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, en el marco de la Cátedra Abierta de las Defensorías del Pueblo y de las actividades vinculadas con el Día Internacional de las Personas Mayores.
Durante la actividad, el defensor del Pueblo adjunto de Córdoba, Carlos Galoppo, cuestionó la falta de respuestas del Estado nacional frente a las necesidades de este sector de la población y sostuvo que las defensorías deben intervenir ante situaciones que deberían recibir atención de otros organismos estatales.
«Envejecer en la Argentina es prácticamente ser condenado a la pobreza, al abandono, a una vida no deseada», expresó Galoppo, al describir el escenario que enfrentan numerosos adultos mayores.
Jubilaciones por debajo de las necesidades básicas
Uno de los ejes centrales fue la insuficiencia de los ingresos previsionales frente al costo de vida. El especialista Franco Jular presentó el informe «Cuando la jubilación no alcanza», que analiza los consumos que los adultos mayores deben resignar y las redes de apoyo a las que recurren para afrontar sus necesidades cotidianas.
Según la Canasta de Personas Mayores elaborada por la Defensoría del Pueblo, con datos de julio de 2026, el ingreso jubilatorio con bono incluido no alcanzaba para cubrir el 30,35% del costo de esa canasta.
La diferencia representaba un faltante mensual de $210.030, sin contemplar los gastos de alquiler. El indicador expone las dificultades económicas que enfrentan quienes deben sostener sus gastos de alimentación, salud, vivienda y otros consumos esenciales con ingresos previsionales insuficientes.
Salud, vivienda y estafas digitales
Durante la jornada también se presentaron experiencias de intervención frente a problemáticas que afectan a las personas mayores, entre ellas las dificultades para realizar trámites digitales, las estafas virtuales y el riesgo de perder la vivienda.
La coordinadora de Género de la Defensoría cordobesa, Yohana Artico Fenoglio, expuso el alcance del programa «Clic a Clic», destinado a enseñar el uso de teléfonos celulares, facilitar las gestiones sanitarias en línea y brindar herramientas para prevenir fraudes digitales.
Asimismo, destacó el trabajo interdisciplinario de las áreas de Mediación e Inclusión Social ante situaciones de desalojo o vulnerabilidad habitacional.
Otro de los puntos abordados fue la necesidad de reconocer las distintas situaciones que atraviesan las personas durante la vejez, tanto quienes llegan a esa etapa con una discapacidad como quienes la adquieren posteriormente y quienes continúan desarrollando tareas de cuidado.
Un reclamo regional por los derechos de las personas mayores
La actividad reunió a las defensorías del Pueblo de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que integran el Foro de Defensores del Pueblo de la Región Centro, junto con representantes de otras instituciones.
Como parte del intercambio, la delegación cordobesa puso a disposición materiales sobre atención con perspectiva de derechos humanos y buenas prácticas de intervención, con el objetivo de avanzar en criterios comunes entre las tres provincias.
El encuentro dejó planteada la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas mayores, garantizar apoyos para que puedan decidir sobre su propia vida y evitar prácticas discriminatorias por razones de edad.
El reclamo se centró en la necesidad de que el Estado garantice condiciones de vida dignas, acceso efectivo a la salud y protección social para un sector que enfrenta crecientes dificultades económicas y sociales.