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LEY FEDE: LA POSTERGACIÓN EN LA LEGISLATURA ABRIÓ UN DEBATE SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON AUTISMO

PorAdministrador1

Nov 19, 2026

El proyecto impulsado por la legisladora Nancy Almada fue postergado hasta el 9 de diciembre y generó malestar entre familiares y organizaciones que esperaban su tratamiento. La iniciativa propone capacitación obligatoria para agentes públicos, protocolos específicos de atención y herramientas para evitar intervenciones inadecuadas ante situaciones de crisis. El oficialismo anunció que impulsará una propuesta propia.

La postergación del tratamiento de la denominada «Ley Fede» en la Legislatura de Córdoba abrió un nuevo capítulo de tensión política y social alrededor de una problemática que atraviesa a miles de familias: la atención, el acompañamiento y la protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La iniciativa, impulsada por la legisladora del Frente Cívico Nancy Almada, debía ser debatida durante la sesión ordinaria del miércoles 18 de noviembre. Sin embargo, el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba decidió no incorporarla a la agenda parlamentaria y trasladó su tratamiento al próximo 9 de diciembre.

La decisión provocó malestar entre familiares de personas con autismo, docentes, profesionales y representantes de organizaciones que habían concurrido a la Unicameral con la expectativa de que el proyecto fuera aprobado.

Los cuestionamientos estuvieron relacionados tanto con la postergación como con el incumplimiento de los compromisos parlamentarios que, según los impulsores, existían para avanzar con la iniciativa.

La discusión, sin embargo, excede el enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Detrás del proyecto hay una demanda concreta: que el Estado cuente con personal capacitado y protocolos adecuados para intervenir cuando una persona con autismo necesita asistencia.

QUÉ PROPONE LA LEY FEDE

El expediente 43566/L/25 plantea establecer una política pública integral para la concientización, formación, atención y protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista.

Uno de sus principales objetivos es garantizar la capacitación de los agentes públicos que, por sus funciones, pueden tener contacto directo con personas dentro del espectro.

La propuesta alcanza a distintos ámbitos de intervención estatal, entre ellos:

  • Fuerzas de seguridad y personal policial.
  • Servicios de salud y equipos de emergencia.
  • Poder Judicial y organismos vinculados con la Justicia.
  • Establecimientos educativos y personal docente.
  • Organismos de asistencia social y administración pública.
  • Espacios de atención a la ciudadanía.

La formación contempla contenidos relacionados con neurodiversidad, comunicación, accesibilidad, derechos humanos y trato digno.

El propósito es que quienes deban intervenir conozcan las características del autismo y puedan reconocer las necesidades particulares de cada persona, evitando respuestas inadecuadas que puedan agravar situaciones de vulnerabilidad.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA SITUACIÓN DE CRISIS

Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa está relacionado con la intervención ante situaciones de desregulación.

El Trastorno del Espectro Autista comprende diferentes características y necesidades de apoyo. No todas las personas se comunican de la misma manera ni reaccionan de igual forma frente a determinados estímulos.

En algunos casos, los ruidos intensos, las luces, los movimientos bruscos o los entornos desconocidos pueden generar situaciones de angustia y desregulación.

Frente a esos escenarios, la falta de capacitación puede derivar en intervenciones contraproducentes.

Por eso, la propuesta busca que policías, médicos, docentes y trabajadores estatales cuenten con herramientas para identificar estas situaciones y actuar de manera adecuada, priorizando la seguridad, la comunicación y el respeto por la persona.

También plantea la importancia de establecer procedimientos específicos de atención y acompañamiento, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS

Otro de los ejes del debate es la situación de los familiares y cuidadores que acompañan diariamente a personas con mayores necesidades de apoyo.

Para muchas familias, el acceso a profesionales especializados y a dispositivos de asistencia representa una dificultad permanente.

La iniciativa busca incorporar herramientas de acompañamiento y asistencia que permitan mejorar las condiciones de cuidado y evitar que toda la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre los hogares.

En ese sentido, la capacitación no aparece solamente como una obligación para los organismos públicos, sino como parte de una política más amplia de inclusión y protección.

LA HISTORIA DE FEDERICO QUE DIO ORIGEN AL PROYECTO

La ley lleva el nombre de Federico Almada, sobrino de la legisladora Nancy Almada, un adolescente de 17 años con autismo no verbal que murió el 13 de agosto de 2025 en una residencia terapéutica de Villa Giardino, en el valle de Punilla.

Federico se encontraba alojado bajo guarda judicial en el establecimiento privado El Faro, contratado por el Estado provincial para brindar atención a niños y adolescentes con discapacidad y problemas de salud mental.

Su fallecimiento generó fuertes cuestionamientos de parte de su familia sobre las condiciones de cuidado, la capacitación del personal y los mecanismos de supervisión de la institución.

Los familiares habían advertido sobre presuntas irregularidades en el trato y deficiencias en la atención que recibía el adolescente.

A partir de esa tragedia, Nancy Almada comenzó a impulsar una iniciativa legislativa destinada a fortalecer los mecanismos de protección de las personas con discapacidad institucionalizadas.

La propuesta busca que lo ocurrido con Federico permita generar cambios en los sistemas de atención, supervisión y capacitación, para evitar que otras familias atraviesen situaciones similares.

EL OFICIALISMO ANUNCIÓ QUE PRESENTARÁ SU PROPIO PROYECTO

La decisión de postergar el tratamiento también abrió una discusión política sobre el contenido de la futura normativa.

Desde Hacemos Unidos por Córdoba se anunció la intención de presentar una iniciativa propia para abordar la problemática, con la expectativa de avanzar en el debate el próximo 9 de diciembre.

Esto plantea un nuevo escenario de negociación: determinar si ambos proyectos pueden confluir en un texto consensuado o si persistirán diferencias sobre los mecanismos de aplicación, los alcances de la capacitación y los recursos necesarios para implementar la política pública.

Nancy Almada expresó sus dudas sobre el cumplimiento de la nueva fecha, recordando que anteriormente existía un compromiso para tratar la propuesta durante la sesión del 18 de noviembre.

Mientras tanto, las familias y organizaciones que acompañan el proyecto reclaman que la discusión no vuelva a demorarse y que se preserve el espíritu de una iniciativa que surgió de la experiencia de quienes conocen de cerca las dificultades que enfrentan las personas con autismo.

EL 9 DE DICIEMBRE, UNA FECHA CLAVE

La próxima instancia será determinar qué proyecto llegará efectivamente al recinto y cuáles serán los acuerdos que puedan alcanzarse entre los distintos bloques políticos.

La discusión deberá establecer de qué manera se garantizará la capacitación de los agentes estatales, qué protocolos se aplicarán y cómo se organizarán los mecanismos de asistencia y protección.

La historia de Federico puso en marcha este debate, pero el alcance de la iniciativa busca trascender su caso particular.

Para las familias, el objetivo es que una persona con autismo pueda recibir una atención adecuada en una escuela, un hospital, una dependencia policial o cualquier organismo público, sin que sus características individuales se conviertan en un motivo de discriminación o vulneración de derechos.

La Legislatura tendrá ahora una nueva oportunidad para transformar ese reclamo social en una herramienta concreta de protección para toda la provincia.

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