El DNU 1391/2026 dispuso una amplia modificación de las partidas de la Administración Nacional. Los refuerzos alcanzan a jubilaciones, PAMI, discapacidad, salud, fuerzas de seguridad, empresas públicas y deuda. Según un análisis de las planillas presupuestarias, el incremento de las autorizaciones de gasto supera al de los recursos adicionales previstos.
La ampliación de fondos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) representa solamente una parte de una modificación presupuestaria mucho más amplia. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1391/2026, el Gobierno nacional autorizó incrementos de gastos por aproximadamente $15,6 billones, distribuidos entre distintas áreas de la Administración Nacional.
La medida alcanza a sectores sensibles del funcionamiento estatal y vuelve a poner en discusión las prioridades de asignación de los recursos públicos, en un contexto en el que el equilibrio de las cuentas fiscales continúa siendo uno de los principales ejes de la política económica.
Jubilaciones, PAMI y discapacidad, entre las áreas alcanzadas
Entre los principales destinos de las ampliaciones presupuestarias aparecen las prestaciones previsionales y las asignaciones familiares, con refuerzos destinados a atender obligaciones del sistema de seguridad social.
También se contemplan mayores transferencias al PAMI, organismo encargado de brindar cobertura médica y prestaciones a jubilados y pensionados.
En materia de discapacidad, el decreto incorpora fondos adicionales para el programa Incluir Salud y para afrontar obligaciones con prestadores. A su vez, el área sanitaria recibe ampliaciones vinculadas con pensiones no contributivas y distintos programas de salud.
Fuerzas de seguridad, Defensa y empresas públicas
La modificación también contempla partidas para las fuerzas de seguridad y el área de Defensa, incluyendo recursos destinados a retiros, jubilaciones, pensiones y gastos de funcionamiento.
Otro de los sectores alcanzados es el de las empresas públicas. Entre las compañías mencionadas aparecen FADEA, Tandanor y Radio y Televisión Argentina, junto con otras sociedades estatales que recibirán mayores asignaciones presupuestarias.
Además, se incorporan créditos adicionales para atender compromisos vinculados con la deuda pública.
El impacto sobre las cuentas fiscales
Un análisis de las planillas presupuestarias publicado por Infobae estimó que la ampliación total equivale al 10,2% del presupuesto vigente antes de la modificación.
El mismo relevamiento advirtió que los recursos adicionales previstos serían inferiores al incremento de las autorizaciones de gasto. Esa diferencia podría reducir el superávit fiscal proyectado para el cierre del ejercicio.
El dato abre un interrogante sobre el resultado final de las cuentas públicas: cuánto de los nuevos gastos podrá ser compensado con mayores ingresos y cuánto impacto tendrá la modificación sobre el objetivo de equilibrio fiscal que sostiene el Gobierno.
Una discusión que va más allá de la SIDE
La ampliación presupuestaria no se limita al debate por los fondos destinados a los organismos de inteligencia. También involucra prestaciones sociales, atención sanitaria, empresas estatales, fuerzas de seguridad y compromisos financieros.
La discusión pasa entonces por conocer no solamente cuánto aumenta el gasto público, sino también cuáles son las áreas priorizadas, qué obligaciones se busca atender y qué consecuencias tendrá la modificación sobre el resultado fiscal.
El DNU 1391/2026 coloca así una nueva modificación de gran escala en el centro de la discusión política y económica, con efectos sobre prácticamente todo el funcionamiento de la Administración Nacional.
