Representantes de organizaciones de inquilinos y del sector público de la región centro del país elevarán al Ministerio de Vivienda de la Nación la sugerencia de un protocolo de acción ante el incumplimiento y conflictos de aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 230/2020 respecto a los alquileres, en el marco de las normativas emanadas por la emergencia del Covid-19.
Así se decidió el martes pasado en un encuentro virtual, que se realizó por teleconferencia, y en donde los distintos sectores reflejaron ejes comunes. Participaron el Frente de Inquilinxs Nacional (FIN), el CoopinCo (Córdoba), el Colegio de Corredores Inmobiliarios, cámaras, organizaciones Pymes, organizaciones de inquilinos, representantes del sector público y legisladores.
Cabe recordar que el DNU mencionado contempla la suspensión de desalojos, prórroga de contratos, congelamiento de precios de alquileres, subsistencia de fianza, y cuotificación de las deudas, entre otros términos.
Franca D´Amico, presidenta de la Cooperativa de Inquilinos de Córdoba (CoopinCo), señaló en diálogo con La Nueva Mañana que participaron del encuentro virtual entidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. “El objetivo es armar un protocolo para darle una mayor eficacia en la aplicación del DNU pero también aclarar algunos puntos oscuros o dudas que han surgido respecto al mismo, con el objetivo de disminuir el nivel de conflictividad que se generó”.
“Sabemos que de por sí, con o sin decreto, la situación va a derivar en la judicialización de varias causas, porque existen inquilinos e inquilinas que no pueden pagar el alquiler, o no lo pueden hacerlo en forma total. Lo que nosotros queremos es disminuir ese nivel de conflictividad y judicialización de los casos. Creemos que el decreto busca eso mismo, porque establece una forma de resolución de conflictos a través de la mediación”, expresó D´Amico.
Es por eso que, estas entidades buscan darle mayor fuerza a este objetivo de mediar para no llegar a una judicialización. “Sabemos que judicializar estos casos implica un aspecto muy negativo tanto sea para los inquilinos e inquilinas como también para los locadores y locadoras, porque implica un gasto y un tiempo en la resolución que nunca es menor de dos o tres años”, explicó la presidenta de CoopinCo.
CoopinCo es una cooperativa de trabajo centrada en brindar asesoramiento y servicio a los inquilinos de Córdoba y que presta servicios tanto en hogares como para comercios, siendo su principal objetivo luchar por los derechos del inquilino.
Dificultades económicas y pedido de subsidio
Entre otras de las cuestiones que se plantearon en la reunión virtual del martes, surgió la posibilidad de gestionar un subsidio. Ocurre que el DNU regula los contratos que hayan vencido durante el aislamiento obligatorio, avanza en el aspecto del canon locativo, la no actualización de los montos de alquileres y la fijación del canon locativo al valor de marzo, entre otros términos, pero para las entidades que agrupan a los inquilinos e inquilinas y a las pymes, sin una ayuda económica por parte del Estado estas medidas no alcanzan.
“Por más que se establezca la posibilidad de congelar los alquileres o de pagarlo más adelante, si no se tiene el dinero para hacerlo, no hay solución posible. Por eso estamos evaluando hacer un comunicado o una solicitud formal de todos los sectores solicitando un subsidio. Sabemos que vienen siendo entregados muchos subsidios -como a la AUH, el bono a los jubilados que cobran la mínima, y el IFE para monotributistas y trabajadores informales, la ayuda para pagar los salarios a las pequeñas y medianas empresas-, pero consideramos que no es suficiente. Es necesario aumentar esa ayuda porque se van a dar muchos casos de rescisiones de contrato de alquileres y la imposibilidad de pagar otros gastos corrientes y mensuales relacionados a ellos”, aseguró D´Amico.
La presidenta de CoopinCo hizo una distinción en diálogo con este semanario sobre la situación entre los inquilinos de hogar y de los de pequeña y mediana empresa (pymes). “Los gimnasios, bares, restaurantes, los jardines maternales o guarderías, no están pudiendo generar ningún ingreso y no saben en qué momento van a poder ejercer su actividad. Hay que tener una especial atención y medidas para esas pymes a fin de evitar que cierren comercios, lo cual se traduce en pérdidas de puestos de trabajo y de un ingreso o sustento para la familia que depende de ese trabajo”, aclaró.
Por otro lado, destacó algunos de los conflictos que vienen observando las agrupaciones que reúnen a los inquilinos e inquilinas desde que se sancionó el decreto a nivel nacional y que también serán motivo de consulta a las autoridades nacionales con este protocolo.
“Notamos que hay inmobiliarias que no les proporcionan a los inquilinos o inquilinas los datos para hacer los pagos por transferencia o depósito bancario. También hay casos en los que se los obliga a pagar los gastos o comisiones, cuando no corresponde porque lo debe afrontar el locador o la inmobiliaria. También hay casos donde se impone la voluntad del locador o la inmobiliaria como una especie de amenaza a los inquilinos, señalando que si prorrogan el contrato o no pagan en forma total, cuando llegue el momento y no exista más el aislamiento no se les renovará el contrato o les van a cobrar mucho más de lo que les cobrarían si hicieran el contrato ahora. De esta forma, pretenden que los inquilinos a los que se les venció el contrato, lo renueven ahora mismo, lo cual implica el pago de un montón de gastos –comisión inmobiliaria, sellado, averiguación de garantía, certificación de firmas, etc-. Esta presión la pueden ejercer porque tienen el poder del acceso a la vivienda”, advirtió D´Amico.
Otro de los casos que se dieron en estos días, durante el aislamiento, es que a quienes se les venció el contrato y ya no habitan en el inmueble porque se han ido a vivir con algún familiar o amigo, no pueden retirar los bienes o los objetos de su interior porque las empresas de mudanza no están contempladas en el DNU para su circulación y no pueden hacer entrega de la propiedad. “Algunos inmobiliarios o locadores pretenden seguir cobrándoles el canon locativo y no está establecido como excepción el tema de las mudanzas, es un aspecto que debemos trabajar y queremos que se incluya en este protocolo”, detalló la presidenta de la CoopinCo.
“Si bien estamos de acuerdo con el DNU, existen esas ´lagunas´ en cuanto al marco normativo, y lo que pretendemos con este protocolo es aclarar esos ´puntos oscuros y darle mayor difusión, porque muchos no conocen lo que este decreto establece”, cerró D´Amico, quien adelantó que durante la semana se avanzará en el armado del protocolo para ser enviado a las autoridades del Ministerio de Vivienda para su análisis.
Fuente:LMDiario