El pedido fue remitido a la presidencia de la Unicameral por la legisladora de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, Noelia Agüero.
El viernes, la legisladora de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad Noelia Agüero, elevó una Cuestión de Privilegio para plantear la «inmediata expulsión» de la Unicameral de Patricio Eduardo Serrano, sobre quien pesa una orden de restricción mutua, tras una denuncia por violencia familiar radicada por su ex pareja.
Serrano ocupa una banca dentro del bloque de Hacemos por Córdoba y se promueve como probable candidato a intendente de Lozada por Juntos por el Cambio.
El texto remitido al presidente de la Legislatura por Agüero hace referencia a esta denuncia y cita textual la orden judicial, cuando dice que la medida de restricción se emite «a los fines de hacer cesar la escalada de violencia, proteger la vida, la integridad física o emocional, la libertad y la seguridad personal de la denunciante y el grupo familiar».
Alude la legisladora a continuación el compromiso que los espacios que representa tienen con el combate a las violencias por cuestiones de género y cita estadísticas sobre los índices de femicidios perpetrados a nivel nacional y provincial.
«El caso del Legislador Serrano es un caso de violencia de género que involucra a un representante del poder político, no sólo de un espacio político puntual sino de esta Legislatura que ha votado la adhesión a la Ley Micaela (…) que establece la capacitación obligatoria para quienes nos desempeñamos en la función pública», subraya en el texto.
En virtud de ello, y subrayando que la postura de la legisladora y el espacio que representa es «creerle siempre a la víctima», insta Agüero a que sea el acusado quien demuestre su inocencia. Y marca, finalmente, que si la Unicameral no resuelve la expulsión de Serrano, se sentaría «un gravísimo precedente».
Voz de la defensa
Por su parte, La abogada Luciana Gutiérrez, que representa a Serrano, en diálogo con Canal 10, se refirió a los hechos denunciados como «controvertidos» y «falsos».
Además, distinguió que «la denuncia no es por violencia de género, sino por violencia familiar» y que el hecho de que haya una denuncia no quiere decir que exista necesariamente culpabilidad, ya que rige el principio de inocencia.
Gutiérrez apuntó que no existe imputación alguna en contra de Serrano ni causa penal abierta y que la orden de restricción es mutua y recíproca, y no sólo recae en su cliente.
Finalmente, cuestionó el conocimiento público de esta situación a través de los medios de comunicación: «La divulgación no debería haberse hecho en los medios y esto ha traído efectos dañosos a mi cliente, tanto en lo personal como en su faz laboral, afectándose su imagen pública».