El Gobierno de Javier Milei condenó los actos de «hostigamiento e intimidación» por parte de Nicolás Maduro y su administración contra los dirigentes opositores asilados en la embajada argentina en Caracas, desde agosto bajo la protección diplomática de Brasil.
Durante la tarde del sábado, Pedro Urruchurtu Noselli, dirigente cercano a la opositora María Corina Machado, denunció la presencia de agentes de la DAET (la Policía Nacional Bolivariana), «encapuchados» y con «armas largas», junto con la de funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en las inmediaciones del predio.
Ante esa denuncia, Cancillería emitió un comunicado e hizo un llamado a la comunidad internacional para «condenar estas prácticas y exigir los salvoconductos necesarios que permitan la salida de las personas asiladas del país».
En el mismo posteo, Argentina agradeció al gobierno de Brasil «por representar los intereses argentinos en Venezuela, asumiendo la protección de los locales diplomáticos, y por sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los asilados frente al hostigamiento del régimen venezolano».
«La República Argentina reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el respeto de las normas internacionales y la seguridad de quienes se encuentran en situación de asilo», cierra el comunicado
La última vez que Urruchurtu Noselli denunció «asedio» del régimen de Maduro a la embajada argentina en Venezuela fue a principios de septiembre.
Además de Urruchurtu en ese edificio se encuentran Magalli Meda, quien fue la jefa de campaña para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor.