El Defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie, presentó el Informe Anual 2026 destacando el crecimiento y la transformación de la agenda de la institución, que desde su creación amplió su alcance: de atender principalmente reclamos vinculados al gobierno local, pasó a intervenir en problemáticas sociales, digitales, jurídicas y de acceso a derechos cada vez más complejas.
Durante la exposición, Frangie advirtió sobre el impacto de la era digital y la crisis en la idea de ciudadanía y de derechos, señalando que muchas personas encuentran hoy mayores dificultades para acceder a servicios, realizar trámites y ejercer derechos básicos. En ese marco, remarcó el crecimiento de situaciones de violencia y vulnerabilidad social, especialmente en sectores atravesados por problemas de salud, niñez, adolescencia y discapacidad.
Uno de los ejes centrales fue el aumento de las estafas digitales. La Defensoría intervino en numerosos casos vinculados a fraudes virtuales, logrando resoluciones favorables en aproximadamente el 30% de las denuncias atendidas.
También ocuparon un lugar destacado los reclamos relacionados con los servicios públicos. En relación con EMOS, se registraron numerosas quejas por incrementos tarifarios y por la falta de agilidad en la implementación y resolución de tarifas sociales. Asimismo, se expresó preocupación por la posible derogación del beneficio de Zona Fría, que permite descuentos en las tarifas de gas y representa un alivio importante para miles de familias.
En materia de infraestructura, el informe reflejó reclamos y gestiones vinculadas a los problemas derivados de la obra de circunvalación, la Ruta 30 y la autovía de Holmberg, temas que continúan generando preocupación en vecinos y usuarios.
En el área de inclusión social, la Defensoría señaló que gran parte de las intervenciones están vinculadas a barreras burocráticas y administrativas que dificultan el acceso a prestaciones y derechos. Entre ellas, se mencionaron las demoras y dificultades relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad y el acceso a prestaciones de salud.
En cuanto a orientación jurídica, Frangie destacó el crecimiento sostenido de consultas por alquileres. Indicó que alrededor del 30% de los riocuartenses alquila vivienda y que durante el último año se atendieron más de 1300 casos vinculados a conflictos habitacionales, contratos y aumentos.
Finalmente, el informe hizo foco en las nuevas barreras digitales para el acceso a derechos. Plataformas y sistemas como CIDI y Mi Argentina, aunque necesarios para múltiples gestiones, continúan representando dificultades para muchos ciudadanos, especialmente adultos mayores y sectores con menor acceso tecnológico.