La diputada nacional por Córdoba, Alejandra Torres, presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de asignaciones vitalicias que perciben los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación, con el objetivo de reducir los montos, establecer topes y sumar requisitos vinculados a la transparencia y la ética pública.
La legisladora, integrante del bloque Provincias Unidas, aclaró que la iniciativa no busca eliminar las denominadas jubilaciones de privilegio, sino adecuarlas a criterios de “justicia distributiva, transparencia fiscal y responsabilidad institucional”.
Actualmente, la Ley 24.018 establece que los expresidentes perciben una asignación equivalente al salario de un juez de la Corte Suprema de Justicia, mientras que los exvicepresidentes cobran el 75% de ese monto.
Entre los cambios propuestos, el proyecto establece que el beneficio pase a representar el 70% de la remuneración neta correspondiente al cargo en ejercicio y fija un tope máximo equivalente a diez haberes mínimos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Además, incorpora un Aporte Solidario Obligatorio del 30% sobre el excedente de ingresos cuando el monto total percibido supere el haber máximo previsional.
La iniciativa también plantea que los beneficiarios deban cumplir una edad mínima de 65 años para acceder a la asignación y que el haber quede alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, además de los descuentos de obra social y aportes previsionales que rigen para el resto de los jubilados.
Otro de los puntos centrales es la incompatibilidad absoluta con el ejercicio de cargos públicos nacionales, provinciales o municipales, así como con la percepción simultánea de otras jubilaciones, pensiones o asignaciones vitalicias.
Cláusula de ética
El proyecto incorpora además una denominada “cláusula de ética”, que establece la pérdida automática del beneficio en caso de que un expresidente o exvicepresidente reciba una condena firme por delitos de corrupción o contra la administración pública.
En los fundamentos de la iniciativa, Torres sostuvo que la eliminación total de las asignaciones vitalicias podría generar problemas institucionales y previsionales, por lo que consideró necesario avanzar en una reforma que preserve el beneficio, pero bajo nuevas condiciones.
“Hoy más que nunca, el esfuerzo fiscal lo debemos hacer todos. Las máximas responsabilidades del Estado deben ser el principal ejemplo de orden, transparencia e integridad institucional”, argumentó la legisladora.
El proyecto cuenta además con el acompañamiento de las diputadas Carolina Basualdo y Gisela Scaglia, y de los diputados Sergio Capozzi y José Núñez, todos integrantes del bloque Provincias Unidas.