La iniciativa que impulsó el gobernador Martín Llaryora fija herramientas de intervención sobre inmuebles relacionados con el narcotráfico.
La normativa establece la creación de régimen administrativo y judicial específico para actuar sobre los inmuebles mencionados.
Entre las medidas que se podrán adoptar figuran cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia o aseguramientos.
La Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos serán los organismos que funcionarán con la promulgación de la ley para articular el trabajo del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.
Otro de los aspectos centrales de la propuesta establece un esquema para la administración de los recursos provenientes de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico.
El sesenta por ciento de los recursos provenientes de los bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la FPA, mientras que el cuarenta por ciento restante financiará programas de prevención y abordaje integral de las adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Fuente:cba24n