El futuro del régimen de Zona Fría genera preocupación en Río Cuarto y en distintas localidades del sur de Córdoba ante la posibilidad de que se modifique o elimine el beneficio que permite reducir el costo de las facturas de gas.
El Defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie, aseguró que las gestiones realizadas para establecer contacto con los senadores nacionales por Córdoba no tuvieron respuesta y cuestionó que los representantes de la provincia no hayan escuchado los planteos realizados desde el sur cordobés.
“Nosotros todas las gestiones que hicimos para poder contactarnos con los senadores de la Nación y explicarles nuestra preocupación y el perjuicio que traería la eliminación del régimen de Zona Fría, no conseguimos respuesta”, señaló Frangie en diálogo con FM Imperio 98.7.
El funcionario sostuvo que ahora resta esperar el resultado de la votación en el Congreso para determinar cuáles serán los pasos a seguir.
Frangie manifestó su preocupación por el impacto que podría tener una modificación del régimen sobre los usuarios del sur provincial y pidió que los legisladores dimensionen las consecuencias de la medida.
Advierten por fuertes aumentos en las facturas
Según explicó el Defensor del Pueblo, de acuerdo con el esquema que había sido aprobado en la Cámara de Diputados, el beneficio de Zona Fría podría reducirse entre un 30% y un 50%, dependiendo de la situación de cada usuario.
En ese escenario, quienes actualmente cuentan con algún tipo de subsidio podrían enfrentar un incremento que llevaría a duplicar la tarifa, mientras que para los usuarios que no reciben subsidios el aumento podría rondar el 40%.
Sin embargo, Frangie puso el foco en otro aspecto que considera particularmente preocupante: el cambio de un régimen establecido por el Congreso mediante una ley a un sistema en el que la reglamentación y la implementación quedarían en manos del Poder Ejecutivo.
“Una de las pérdidas más importantes no fue solamente perder esta posibilidad de tener este beneficio, sino que quede en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación y la implementación”, sostuvo.
Para el Defensor del Pueblo, esto significa que el futuro del beneficio quedaría sujeto a las decisiones que adopte el Gobierno nacional, situación que genera incertidumbre entre los usuarios de la región.
“Esto evidentemente queda a merced de un funcionario”, advirtió Frangie.