La investigación alcanza a 10 funcionarios y exfuncionarios públicos y a ocho médicos. La Justicia Federal investiga una organización que habría falsificado certificados y estudios médicos para gestionar pensiones no contributivas por discapacidad. Según la fiscalía, el esquema podría haber generado un perjuicio de casi $40.000 millones anuales.
La Justicia Federal de Salta imputó a 15 personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios públicos, médicos y particulares, en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada a falsificar certificados médicos y documentación para obtener pensiones no contributivas por discapacidad.
Las imputaciones fueron formalizadas por el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Amad, ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, luego de que la investigación incorporara nuevas pruebas obtenidas durante una serie de allanamientos.
La pesquisa comenzó en julio de 2024 a partir de la detección de maniobras irregulares en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, en el departamento de Anta.
En total, se realizaron 26 allanamientos entre noviembre de 2025 y junio de este año, en domicilios particulares, consultorios, hospitales, clínicas privadas y municipalidades. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y documentación, además de listados de personas que habrían pagado por la gestión de las pensiones.
Médicos, funcionarios y un kiosquero
Entre los imputados se encuentran ocho médicos, además de funcionarios y exfuncionarios vinculados con organismos públicos.
La investigación también alcanza a Francisco Orellana, actual diputado provincial y exintendente de Joaquín V. González; al exgerente del hospital de El Quebrachal Oscar Luna; al exjefe de la sucursal de ANSES de esa localidad Edmundo Salazar; y al bioquímico del hospital Francisco Solano de El Galpón Luciano Esteban.
También fueron imputados empleados municipales de El Quebrachal y Joaquín V. González, además de un kiosquero señalado como una pieza del circuito investigado.
Según la fiscalía, este último habría captado a potenciales beneficiarios, realizado copias y modificaciones de documentación y cargado los trámites de las pensiones a través de Internet.
Certificados y estudios presuntamente falsificados
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la maniobra incluía la emisión de certificados médicos falsos y la adulteración de estudios que posteriormente eran utilizados para solicitar las pensiones.
La fiscalía sostiene que se confeccionaban diagnósticos de enfermedades que los aspirantes no padecían, entre ellas mal de Chagas, diabetes y problemas de columna, con porcentajes elevados de incapacidad laboral.
Uno de los requisitos para acceder a una pensión no contributiva por discapacidad es acreditar una afectación de la capacidad laboral del 66% o más.
Cuando eran necesarios estudios complementarios, los investigadores sostienen que se utilizaban análisis correspondientes a personas que sí presentaban las patologías requeridas y que esos resultados eran intercambiados con los de personas que no las padecían.
El rol de las clínicas privadas
La fiscalía también describió un circuito en el que personas en situación de vulnerabilidad económica habrían sido derivadas hacia consultorios y clínicas privadas vinculados con integrantes de la presunta organización.
Según la acusación, en algunos casos los aspirantes debían pagar para acceder a los trámites y, ante la falta de atención en hospitales públicos para realizar determinados estudios, terminaban recurriendo a prestadores privados.
Los investigadores detectaron incluso casos en los que personas habrían vendido animales o tomado préstamos para reunir el dinero necesario para afrontar esos gastos.
Los teléfonos secuestrados durante los allanamientos aportaron, según el fiscal Amad, información sobre las comunicaciones entre los investigados, sus roles y los listados de pacientes que habían pagado o todavía adeudaban dinero.
Una investigación que excede al departamento de Anta
Aunque las imputaciones analizadas en la audiencia corresponden a maniobras investigadas en el departamento de Anta, la pesquisa también incorporó información sobre la situación de las pensiones por discapacidad en la ciudad de Salta.
Un informe elaborado por Gendarmería Nacional, a pedido de la fiscalía, habría detectado que alrededor de 9.000 beneficiarios no cumplirían con los requisitos, ya sea por la presentación de documentación apócrifa o incompleta.
El dato surge de un universo de 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta.
De acuerdo con la estimación incorporada a la investigación, las presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con esos beneficios representarían un impacto de aproximadamente $3.240 millones mensuales, equivalente a casi $40.000 millones al año.
La acusación contra un actual legislador
Uno de los casos que mayor repercusión generó es el de Francisco Orellana, actual diputado provincial.
El fiscal sostuvo que, durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011, Orellana habría avalado con su firma trámites correspondientes a personas que no reunían las condiciones necesarias para acceder al beneficio.
Además, según la acusación fiscal, durante períodos electorales habría ofrecido pensiones a cambio de votos y habría intervenido en la orientación de los aspirantes hacia determinados profesionales y organismos para completar los trámites.
La fiscalía también mencionó el caso de una familia cuyos integrantes habrían obtenido pensiones sin reunir los requisitos, a partir de un diagnóstico presuntamente falso y del aval de Orellana.
Una investigación todavía en curso
La causa se inició en 2024 y continúa en etapa de investigación. Las imputaciones formuladas por el fiscal constituyen la acusación dentro del proceso judicial y no implican una condena.
La Justicia deberá determinar ahora el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los imputados y establecer si efectivamente existió una organización destinada a obtener de manera fraudulenta pensiones no contributivas mediante la falsificación de documentación médica y administrativa.