El hijo de Lázaro Báez fue condenado junto a otros cinco empresarios y exfuncionarios por la maniobra de corrupción en la obra pública de Santa Cruz. El Tribunal Oral Federal N.º 2 homologó un juicio abreviado y dispuso el decomiso de bienes por casi 685 mil millones de pesos.
La causa por las irregularidades en la obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. El Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a seis empresarios y exfuncionarios en el marco de la denominada causa Vialidad II, el segundo tramo de la investigación por corrupción en las contrataciones públicas de Santa Cruz.
Entre los condenados se encuentra Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, quien recibió una pena de tres años de prisión por su participación necesaria en la maniobra de defraudación contra la administración pública.
Sin embargo, al unificarse esa condena con otra anterior por lavado de activos agravado, la pena total quedó establecida en 7 años y 9 meses de prisión.
La resolución fue adoptada por el juez Andrés Fabián Basso, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado celebrado entre los fiscales, las defensas y la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervino como querellante.
Los seis acusados admitieron su responsabilidad en los hechos investigados.
Los seis condenados
Además de Martín Báez, fueron sentenciados Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti.
Las penas establecidas fueron de entre tres años y dos años y seis meses de prisión.
En el caso de Mendoza, la condena fue unificada en cinco años y nueve meses de prisión domiciliaria, mientras que para Báez se fijó una pena única de siete años y nueve meses.
Decomiso por casi 685 mil millones de pesos
Uno de los puntos más relevantes de la resolución fue la disposición sobre los bienes vinculados con la maniobra investigada.
El juez ordenó extender a los seis condenados el decomiso patrimonial establecido en el primer tramo de la causa, por un monto de $684.990.350.139,86, que deberá actualizarse al momento de su ejecución.
Se trata de una de las cifras más importantes vinculadas con las consecuencias económicas del expediente.
El segundo capítulo de la causa Vialidad
A diferencia del juicio original, en el que fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios, esta segunda etapa estuvo centrada en el papel de responsables de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de su representación en Santa Cruz, además de empresarios vinculados a las constructoras beneficiadas con los contratos.
La investigación abarcó las adjudicaciones de obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Entre las empresas involucradas aparecen Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
El tribunal consideró acreditada la existencia de una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, mediante la cual se habrían manipulado los mecanismos de contratación pública para favorecer a determinadas empresas.
Los roles de funcionarios y empresarios
La sentencia distinguió las responsabilidades según la participación de cada condenado.
Carlos Alonso, Jorge Gregorutti y Sergio Passacantando, vinculados a funciones dentro de Vialidad, fueron considerados coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública.
Por su parte, Martín Báez, Julio Mendoza y Fernando Butti fueron considerados partícipes necesarios por su intervención desde las empresas constructoras.
En su fundamentación, el juez sostuvo que los funcionarios tenían responsabilidades sobre la administración de los recursos públicos y que los empresarios aportaron una cooperación indispensable para concretar las operaciones investigadas.
La acusación de los fiscales
Durante el proceso, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que existió un sistema organizado de manipulación de las contrataciones públicas.
En su acusación describieron una estructura con división de funciones entre funcionarios y empresarios, que habría permitido direccionar licitaciones, adjudicaciones y pagos de obras públicas en beneficio de determinadas compañías.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron los hechos como una maniobra de extrema gravedad por el perjuicio ocasionado a las arcas estatales.
Un nuevo capítulo de una causa de alto impacto político y judicial
La resolución de Vialidad II amplía el número de personas condenadas por las irregularidades investigadas en la obra pública de Santa Cruz.
La sentencia se suma al fallo del primer tramo de la causa, en el que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Con las nuevas condenas, el expediente vuelve a poner en discusión la relación entre las estructuras estatales encargadas de administrar los recursos públicos y las empresas privadas que resultaron beneficiadas con las contrataciones.
La causa todavía mantiene situaciones procesales pendientes respecto de otros imputados que no quedaron comprendidos en el acuerdo de juicio abreviado.