La Cámara alta tratará el jueves 19 de noviembre el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados. La iniciativa contempla la compatibilidad entre pensiones y empleo formal, la actualización de prestaciones y la continuidad de la cobertura médica de Incluir Salud.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves 19 de noviembre un proyecto que busca establecer un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen favorable en el Senado.
El texto propone dar continuidad a distintos beneficios que actualmente se encuentran contemplados en el régimen de emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026.
Uno de los puntos centrales es la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva y el desarrollo de un empleo formal. El proyecto establece que se podrá mantener la prestación cuando los ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se supera ese límite, el beneficio quedará suspendido mientras se mantenga esa situación, con posibilidad de solicitar su rehabilitación cuando se cumplan nuevamente las condiciones.
La propuesta también contempla la continuidad de la cobertura médica a través del programa Incluir Salud para los titulares de las pensiones comprendidas en el régimen.
Prestaciones y financiamiento
Otro de los ejes es la actualización de los valores de las prestaciones que reciben las instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad. El proyecto mantiene un nomenclador común y establece mecanismos para sostener su financiamiento.
Además, incorpora disposiciones para regularizar las deudas pendientes con prestadores del sistema, mediante un cronograma de pagos y plazos para cancelar las obligaciones.
La iniciativa también prevé mecanismos de auditoría y control, con procedimientos de notificación y posibilidad de presentar descargos ante eventuales observaciones sobre el cumplimiento de los requisitos.
Diferencias por el impacto fiscal
El tratamiento legislativo también expuso diferencias dentro del oficialismo nacional. Mientras Patricia Bullrich manifestó su respaldo al avance del proyecto, desde el Gobierno de Javier Milei se plantearon objeciones vinculadas con el costo fiscal que implicaría su implementación.
El debate en el Senado definirá si el proyecto obtiene la sanción definitiva y se convierte en ley. Hasta entonces, sus disposiciones no deben considerarse vigentes como nuevo régimen permanente.
