La Justicia Federal de Río Gallegos investiga una organización que habría movido cerca de $391 millones mediante transferencias y billeteras virtuales. La causa involucra a 16 personas y tiene conexiones con otra investigación por narcotráfico en la Patagonia.
El empresario Lázaro Báez sumó un nuevo frente judicial. Fue formalmente imputado como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos que, según la acusación fiscal, habría continuado operando mientras cumplía su condena en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La investigación se presentó en dos audiencias realizadas en Santa Cruz y está a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte.
El caso fue expuesto ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez. Según la acusación, la estructura investigada involucraría a 16 personas distribuidas en dos expedientes conexos.
Una operatoria de casi $391 millones
En el primero de los expedientes, los investigadores analizan movimientos de dinero estimados en $390.880.000, que habrían sido administrados y puestos en circulación de manera ilícita.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Báez habría dirigido las maniobras telefónicamente desde la cárcel, pese a las restricciones propias de su situación de detención.
La calificación legal provisoria incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
La presunta maniobra habría consistido en reinsertar dinero de origen irregular en el circuito económico formal mediante transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales.
La conexión con una investigación por narcotráfico
El segundo expediente vinculado analiza una presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la región patagónica. La investigación alcanza a nueve acusados y, según la fiscalía, presenta conexiones logísticas con el entorno del empresario.
En el marco de las actuaciones, el juez Claudio Marcelo Vázquez convalidó doce detenciones bajo prisión preventiva y estableció medidas de coerción para otros cuatro imputados.
Además, fijó un plazo de dos años para completar la investigación, ordenó el embargo de los vehículos incautados y dispuso el levantamiento del secreto financiero.
Entre las principales evidencias mencionadas por los investigadores figuran intervenciones telefónicas y documentación secuestrada.
Austral Agro, otra vez bajo la lupa
Una de las empresas que aparece vinculada a la investigación por presunto lavado es Austral Agro S.A., una firma del sector ganadero que ya había quedado bajo intervención judicial en una causa anterior.
La sociedad fue constituida el 11 de octubre de 2007 por Lázaro Báez y Fernando Javier Butti, con un capital inicial de $50.000. Su objeto incluía actividades agrícolas y ganaderas, además de operaciones inmobiliarias.
Con el paso del tiempo, la composición accionaria quedó vinculada a la familia Báez: Lázaro habría concentrado el 70% de las acciones y su hijo Martín el 30% restante.
Según antecedentes judiciales citados en la investigación, para 2016 la empresa contaba con 70 empleados y los fondos destinados al pago de salarios y otros gastos eran entregados en efectivo por el empresario.
En 2018, el Tribunal Oral Federal N.º 4 había dispuesto la intervención judicial de Austral Agro, en el marco de la causa por lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública.
Ahora, la firma vuelve a quedar bajo la atención de la Justicia Federal de Río Gallegos. Además, el TOF N.º 4 ordenó su liquidación para cubrir multas impuestas a Lázaro Báez y a su hijo Martín en la causa conocida como Ruta del Dinero K.
Un nuevo capítulo judicial
La nueva imputación abre otro capítulo en el extenso recorrido judicial de Lázaro Báez, quien cumple una condena unificada de 15 años de prisión.
La investigación deberá determinar el alcance de la presunta organización, el origen de los fondos y la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Por el momento, se trata de acusaciones que deberán ser probadas durante el proceso judicial.
