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UATRE ADVIERTE POR EL TRABAJO RURAL NO REGISTRADO ANTE LAS NUEVAS EXIGENCIAS PARA EXPORTAR A EUROPA

PorAdministrador1

Nov 17, 2026

El sindicato advierte que los requisitos de cumplimiento de las normas laborales pueden poner bajo mayor control las condiciones de contratación en el campo argentino. Para las cadenas de soja y carne bovina, UATRE presentó una herramienta de verificación que comenzaría a aplicarse en diciembre. En el sur de Córdoba, Marcela Rodríguez encabeza la representación regional de la organización.

Las nuevas exigencias de la Unión Europea para importar productos agropecuarios abren un nuevo escenario para el campo argentino y ponen sobre la mesa una problemática histórica: el trabajo rural no registrado.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advierten que las condiciones laborales deberán tener mayor visibilidad dentro de las cadenas productivas vinculadas con las exportaciones hacia el mercado europeo. La organización sostiene que la informalidad en el ámbito rural alcanza niveles muy elevados y plantea la necesidad de avanzar en la registración de los trabajadores.

Según las estimaciones difundidas por el sindicato, el empleo no registrado en el campo se ubicaría entre el 73% y el 85%, dependiendo de las distintas regiones del país. La entidad también advierte que el universo de trabajadores rurales involucrados podría acercarse al millón de personas.

UATRE prepara controles en los establecimientos

En ese contexto, UATRE presentó junto con la asociación civil CRISOL Proyectos Sociales una herramienta denominada Constancia de Legalidad, destinada a verificar las condiciones laborales en establecimientos vinculados con las cadenas de soja y carne bovina que abastecen a las exportaciones hacia la Unión Europea.

El mecanismo fue desarrollado con la participación de VISeC y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

La propuesta contempla visitas técnicas a los establecimientos rurales, un cuestionario estructurado de 20 preguntas y la recopilación de fotografías y documentación que respalde las condiciones relevadas.

Entre los aspectos que serán examinados figuran:

  • Registración de los trabajadores y aportes a la seguridad social.
  • Cumplimiento de jornadas laborales, descansos y horas extras.
  • Prevención del trabajo infantil.
  • Condiciones de salud y seguridad laboral.
  • Entrega y adecuación de elementos de protección personal.
  • Contratación de personal a través de cooperativas y contratistas.
  • Cobertura de ART o seguros de accidentes personales.
  • Respeto por los derechos de terceros y presentación de la documentación laboral correspondiente.

Desde la organización explicaron que el procedimiento no tendrá inicialmente un enfoque punitivo, sino que buscará identificar incumplimientos y acompañar a los productores para adecuarse a las exigencias. La aplicación inicial está prevista para diciembre, cuando se habiliten las credenciales de los revisadores.

Qué exige Europa y por qué se incorpora la cuestión laboral

El Reglamento Europeo 2023/1115, conocido como EUDR, establece condiciones para comercializar en la Unión Europea determinados productos vinculados con cadenas agropecuarias y forestales, entre ellos carne bovina, soja y madera.

La normativa exige demostrar que los productos no proceden de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, acreditar su origen y trazabilidad y cumplir con la legislación pertinente del país donde fueron producidos.

En este último punto se incorpora la dimensión laboral: los operadores deben poder acreditar que la producción respeta las normas aplicables, incluidas las vinculadas con los derechos laborales.

Para los operadores medianos y grandes, la aplicación está prevista desde el 30 de diciembre de 2026. Para los micro y pequeños operadores, el plazo establecido es el 30 de junio de 2027.

Es importante aclarar que la Unión Europea no estableció un blanqueo general de todos los trabajadores rurales argentinos antes de fin de año. La obligación consiste en cumplir y poder demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable a los productos alcanzados.

También hay preocupación entre los productores

Las nuevas exigencias generan cuestionamientos en parte del sector agropecuario, que advierte sobre los costos de adaptación, los requisitos documentales y las dificultades para incorporar a todos los establecimientos a los sistemas de trazabilidad.

La discusión también llegó a VISeC, la plataforma utilizada para reunir información sobre el origen y la trazabilidad socioambiental de la producción.

A mediados de noviembre se informó que el sistema contaba con más de 42.600 productores registrados y había analizado 2,8 millones de caravanas electrónicas, con un 80% de resultados válidos.

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionó que algunos frigoríficos exportadores condicionen la compra o el precio de la hacienda a la inscripción de los productores en VISeC. La entidad sostiene que la normativa europea no obliga a utilizar una plataforma privada específica y reclama alternativas de validación públicas.

De esta manera, el proceso de adaptación a las exigencias internacionales abre un debate que involucra a trabajadores, productores, frigoríficos y organismos estatales.

Consultas en el sur de Córdoba

En la región, los trabajadores rurales y productores que necesiten información sobre registración laboral y las nuevas exigencias pueden comunicarse con Marcela Rodríguez, secretaria general de UATRE en el sur de Córdoba.

La sede sindical funciona en Pedernera 166. También se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 3585-027891, destinada a recibir consultas mediante mensajes.

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