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CLAUSURARON UNA ESTANCIA DE LÁZARO BÁEZ POR PRESUNTOS NEGOCIOS ILEGALES ORGANIZADOS DESDE LA CÁRCEL

PorAdministrador1

Nov 19, 2026

La Justicia federal dispuso la clausura cautelar de La Entrerriana, una de las propiedades del empresario condenado por lavado de activos. La investigación sostiene que se continuaban negociando alquileres y cobrando sumas millonarias sobre bienes alcanzados por medidas de decomiso. También se ordenaron controles policiales permanentes para evitar el vaciamiento de los establecimientos.

La Justicia federal ordenó la clausura cautelar de la estancia La Entrerriana, perteneciente al empresario Lázaro Báez, luego de detectar que propiedades sometidas a medidas judiciales continuaban siendo explotadas comercialmente.

La investigación apunta a una presunta maniobra mediante la cual se habrían renegociado contratos de alquiler y percibido ingresos millonarios por establecimientos rurales que se encontraban alcanzados por embargos, depósitos judiciales y órdenes de decomiso.

Uno de los aspectos más relevantes del expediente es que, según la fiscalía, las operaciones comerciales habrían sido coordinadas directamente por Báez desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido.

CLAUSURA Y CUSTODIA POLICIAL

La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Vázquez, a requerimiento de la fiscalía, e incluye la instalación de una consigna policial permanente en el establecimiento rural.

El objetivo es impedir que continúe la explotación comercial de los bienes alcanzados por las restricciones judiciales y evitar un eventual vaciamiento patrimonial.

La resolución también contempla medidas sobre otras propiedades vinculadas al empresario, entre ellas la estancia Alquinta y el predio perteneciente a Kank y Costilla S.A.

Además, se estableció un régimen de ingreso controlado para permitir exclusivamente el acceso de cuidadores, veterinarios y autoridades sanitarias, con el propósito de garantizar el bienestar de los animales que permanecen en los establecimientos.

CONTRATOS Y COBROS BAJO INVESTIGACIÓN

La investigación está encabezada por el fiscal federal Julio Zárate y busca determinar cómo se habría mantenido la administración y explotación económica de un patrimonio que ya estaba sometido a restricciones judiciales.

Según la hipótesis fiscal, Báez habría impartido instrucciones desde su lugar de detención para renegociar contratos de alquiler y recibir pagos por la utilización de los campos.

Las operaciones habrían vulnerado las disposiciones judiciales que limitaban la disponibilidad y administración de esos bienes.

En ese contexto, la fiscalía solicitó allanamientos, secuestros, embargos e inhibiciones generales de bienes para avanzar sobre las operaciones investigadas y determinar quiénes participaron de la presunta maniobra.

EL PATRIMONIO BAJO LA LUPA JUDICIAL

El expediente vuelve a colocar bajo análisis el patrimonio del empresario patagónico, quien fue condenado en causas vinculadas con lavado de activos y operaciones económicas investigadas por la Justicia.

Las medidas actuales buscan preservar los bienes alcanzados por las decisiones judiciales y evitar que continúen generando ingresos al margen de los mecanismos de administración y control establecidos por los tribunales.

La investigación deberá determinar el alcance de las operaciones, los montos involucrados y las responsabilidades de las personas que habrían intervenido en la administración de las propiedades.

La clausura de La Entrerriana constituye una nueva intervención judicial sobre los bienes vinculados a Báez y abre interrogantes sobre cómo se mantuvieron las actividades comerciales de establecimientos que estaban sujetos a medidas de decomiso.

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