La nueva conducción libertaria de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dejó sin efecto el concurso público que, el año pasado, designó a la abogada especializada en temas de género María Paz Bertero como defensora y decidió convocar a un nuevo proceso de selección.
En septiembre de 2025, legisladores radicales, kirchneristas y justicialistas sumaron una voluntad del PRO designaron a la bonaerense, abogada de profesión (egresó de la Universidad Nacional de La Plata) y relacionada con el gobierno de Axel Kicillof: se desempeña como secretaría de relaciones parlamentarias de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
En el marco de un clima de tensión, Bertero se llevó siete de los 10 votos de los integrantes de la bicameral.
El diputado libertario Nicolás Mayoraz, la senadora y pastora evangélica Vilma Bedia (Partido Renovador Federal) y la senadora chubutense del bloque macrista Andrea Cristina manifestaron su desacuerdo con la postulación.
Impulsaron a la letrada los diputados Natalia Sarapura (UCR), María Sotolano (PRO), Eugenia Alianiello (PJ) y Brenda Vargas Marty (FdT) y los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular), Mercedes Valenzuela (UCR) y Stefanía Cora (Unidad Ciudadana).
Los adjuntos propuestos fueron Matías Robledo, asociado al radicalismo correntino, y Héctor Vito, quien trabaja desde 2020 en la Defensoría.
Durante la sesión de la comisión, Mayoraz cuestionó el procedimiento; en particular la calificación definitiva por diferencias en las puntuaciones por etapas. “¿Se estableció un promedio de acuerdo a las ponderaciones de los 10 miembros que componemos la bicameral o se aplicó la mayoría simple sobre la diferencia?”, preguntó.
“Aquí faltó transparencia y hubo irregularidades”, manifestó. Postuló que hubo “falta de paridad de criterio” y dijo que no se le permitió a quienes fueron evaluados ver los demás exámenes. También denunció que muchas pruebas tenían errores de puntuación y que “algunos respondieron fuera del espacio asignado e igual obtuvieron alto puntaje”.
Según Mayoraz, el concurso “terminó siendo un circo” y dijo que la selección fue “política”.
“Digan que ya tenían el nombre de Bertero. No manoseen a la gente que participó. No vengan a hablar de examen ni de transparencia cuando la resolución es claramente política. Se los dije cuando me preguntaron quién iba a ser elegido, les dije: Bertero. Ahí está”, les planteó a siete de sus pares.
A inicios del año pasado se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados el examen escrito del concurso público para la elección del nuevo defensor. Del evento participaron más de 150 postulantes.
La instancia de la prueba anónima duró dos horas. Buscó seleccionar con criterio de méritos, transparencia y excelencia al próximo funcionario.
Antes, cuando finalizó el período de inscripción para el concurso, de un total de 231 pedidos fueron admitidos 224.
Durante el proceso se contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, referentes, especialistas en derechos de la infancia y defensorías provinciales.
La Libertad Avanza (LLA) y diversas organizaciones civiles impugnaron el concurso y el Senado retuvo el nombramiento de la letrada, que ahora cayó por vencimiento de plazos.
“Entendemos que el plazo se venció el 22 de marzo y, en consecuencia, ha quedado sin efecto este concurso”, sentenció Mayoraz.
El santafesino explicó que para la aprobación definitiva de Bertero se requería el aval de ambas cámaras y recordó que “no hubo un acuerdo político o una votación en el Senado” que completara el proceso.
Fuente:comercioyjusticia