El juez Diego Cormick le dio cinco días al Estado para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar que ordena actualizar salarios universitarios y becas. Si no lo hace, podría aplicar multas.
La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria N.º 27.795.
La resolución fue dictada por el juez Diego Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, luego de analizar la documentación presentada por el Poder Ejecutivo en respuesta a la intimación anterior.
El magistrado consideró que el Gobierno acreditó medidas parciales, como la convocatoria a negociaciones paritarias y la efectivización de órdenes de pago, pero sostuvo que no quedó demostrado el cumplimiento de los parámetros establecidos por la ley para la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la evolución de los precios. Cormick tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y señaló que la inflación acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%. Según el juez, de la documentación presentada por el Estado no surge que los salarios universitarios hayan alcanzado una actualización equivalente conforme al mecanismo previsto en la ley.
El Gobierno, en cambio, sostuvo ante la Justicia que otorgó un incremento salarial acumulado del 226,8% desde diciembre de 2023, además de informar la reapertura de las negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%. El Ejecutivo también planteó que ya había cumplido con la medida cautelar y pidió que se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas.
TAMBIÉN CUESTIONÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS BECAS
Otro de los puntos observados por el magistrado está relacionado con las becas estudiantiles.
El Gobierno informó la actualización de la Beca Manuel Belgrano, pero sostuvo que los restantes programas no estaban alcanzados por la Ley 27.795.
Cormick interpretó, en cambio, que la cautelar comprende también programas como Progresar, Enfermería y otras becas, por lo que consideró que tampoco se acreditó el cumplimiento integral de este punto.
Ante esta situación, el juzgado estableció un nuevo plazo de cinco días para que el Estado cumpla con lo ordenado, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas económicas ante un eventual incumplimiento.
La resolución se conoce mientras continúa el conflicto universitario y se desarrolla un paro docente de 72 horas en