La condena a Oscar González no cerró la discusión. El juez atribuyó el 50% de la incidencia del choque a Alejandra Bengoa, la mujer que murió en el accidente. La querella cuestiona esa interpretación y prepara una apelación. Pero detrás de la controversia judicial también aparece otra responsabilidad: la del Estado provincial, que había entregado al exlegislador el vehículo involucrado en la tragedia.
La tragedia de las Altas Cumbres tuvo una sentencia, pero difícilmente pueda decirse que tuvo un punto final.
Cuatro años después del choque que terminó con la vida de Alejandra Bengoa y dejó graves secuelas físicas en dos adolescentes, la Justicia cordobesa dio a conocer los fundamentos de la condena contra Oscar González. El exlegislador recibió tres años de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación para conducir.
Sin embargo, lejos de clausurar el debate, los fundamentos del juez Santiago Camogli abrieron una nueva controversia.
El magistrado consideró que tanto González como Bengoa tuvieron una incidencia equivalente en la producción del accidente. Una distribución del 50% para cada conductor que generó el rechazo de los representantes de las víctimas.
La pregunta que atraviesa ahora el expediente es si esa reconstrucción de los hechos refleja adecuadamente las responsabilidades que quedaron acreditadas durante el juicio.
La responsabilidad de quien conducía y la responsabilidad de quien murió
La discusión no es menor. El fallo sostiene que Alejandra Bengoa realizó una maniobra de sobrepaso prohibida al intentar superar a un camión y que esa decisión contribuyó a desencadenar la tragedia.
Pero también establece que González, frente a la situación de peligro, realizó una maniobra evasiva incorrecta e invadió el carril contrario, cuando tenía otras alternativas para intentar evitar el impacto.
Para la querella, equiparar ambas conductas constituye una interpretación equivocada de lo sucedido.
Germán Romero Marcón, uno de los abogados de las víctimas, cuestionó que se atribuya a Bengoa la mitad de la responsabilidad y sostuvo que el sobrepaso del camión no explica por sí mismo la conducta posterior del exlegislador.
También apuntó contra la calificación penal sostenida durante el proceso. Según su interpretación, desde la instrucción se mantuvo una acusación bajo una figura demasiado leve.
La querella anticipó que prepara un recurso de casación y que no descarta llegar, mediante una presentación extraordinaria, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Estado provincial también está en el expediente
Hay otro aspecto que merece una atención especial y que excede la discusión sobre las maniobras de los dos conductores.
El BMW X1 que conducía González no era un automóvil particular adquirido para su uso personal. Se trataba de un vehículo que había sido secuestrado judicialmente y posteriormente entregado a la Legislatura provincial para su utilización oficial.
El fallo también estableció la responsabilidad civil de la Provincia de Córdoba, al considerar que el Estado compartía con González la condición de guardián del vehículo.
La sentencia fijó una reparación económica superior a los 2.010 millones de pesos, más intereses, para las damnificadas.
Este punto abre una discusión institucional que merece ser profundizada: ¿qué controles existían sobre la entrega, custodia y utilización de automóviles secuestrados judicialmente que terminaban en manos de funcionarios públicos?
El caso también obliga a revisar qué responsabilidades administrativas y patrimoniales corresponden cuando un bien bajo custodia estatal termina involucrado en una tragedia.
No se trata solamente de determinar quién conducía el vehículo. También importa conocer bajo qué condiciones el Estado permitió que ese automóvil fuera utilizado.
Dos adolescentes y una vida atravesada por la tragedia
En medio de las discusiones jurídicas, los porcentajes de responsabilidad y los recursos de apelación, hay una dimensión humana que no puede quedar relegada.
Alejandra Bengoa murió en aquel camino de montaña. Su hija Marina Szulewicz y Alexa Miranda, la otra adolescente que viajaba en el Renault Sandero, sobrevivieron, pero sufrieron consecuencias devastadoras.
Alexa quedó con paraplejia y necesita asistencia, rehabilitación y cuidados permanentes. Marina también sufrió lesiones y secuelas.
La indemnización reconocida judicialmente intenta establecer una reparación económica frente a daños que, en buena medida, son irreversibles.
Pero ningún monto devuelve una madre, recupera los años perdidos ni permite reconstruir automáticamente los proyectos de vida que quedaron interrumpidos.
La justicia civil puede establecer compensaciones. La justicia penal puede determinar responsabilidades y aplicar condenas. Sin embargo, ninguna sentencia consigue borrar las consecuencias de una tragedia de estas características.
Una sentencia que todavía debe atravesar otras instancias
La controversia tampoco termina con la posición de la querella.
La defensa de González confirmó que también apelará el fallo. Cuestiona que se le haya atribuido el 50% de la responsabilidad y sostiene que la maniobra de adelantamiento realizada por Bengoa fue determinante para que se produjera el accidente.
De esta manera, tanto quienes representan a las víctimas como quienes defienden al exlegislador pretenden revisar aspectos de la resolución.
La sentencia, por lo tanto, todavía no está firme.
Las preguntas que quedan pendientes
La tragedia de las Altas Cumbres dejó una discusión judicial, pero también una serie de interrogantes institucionales que merecen respuestas.
¿Qué controles se aplicaron para entregar un automóvil secuestrado judicialmente a un funcionario político?
¿Quién debía garantizar las condiciones de utilización de ese vehículo?
¿Por qué la acusación penal no avanzó hacia una figura más grave, como reclamaban los representantes de las víctimas?
¿La distribución de responsabilidades realizada por el juez responde estrictamente a las pruebas o existen elementos que deberán ser revisados por un tribunal superior?
Y, fundamentalmente, ¿qué respuestas puede ofrecer la Justicia a dos jóvenes que deberán convivir durante toda su vida con las consecuencias de aquel choque?
La tragedia de las Altas Cumbres no puede reducirse a una discusión de porcentajes ni a una disputa entre abogados.
Hay una mujer que murió, dos jóvenes cuyas vidas cambiaron para siempre y un Estado que también fue alcanzado por la responsabilidad civil del hecho.
La condena fue dictada. Los fundamentos fueron publicados. Ahora comienza otra etapa judicial.
Pero la pregunta sobre si se hizo justicia sigue abierta.