La Legislatura aprobó una ley que establece su realización durante la tercera semana de octubre de cada año. La iniciativa busca reconocer el papel social, deportivo y comunitario de los clubes. Durante la misma sesión, la Unicameral también se pronunció sobre los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión.
La Legislatura de Córdoba aprobó una ley que instituye la Semana Provincial de los Clubes Deportivos, una celebración que tendrá lugar durante la tercera semana de octubre de cada año y que apunta a reconocer el aporte de estas instituciones a la vida social y comunitaria de la provincia.
La iniciativa fue tratada durante la 18.ª sesión ordinaria del 148.º período legislativo, realizada este jueves 29 de octubre, y fue presentada por los legisladores Leonardo Limia y Patricia Botta, presidenta de la Comisión de Deportes de la Unicameral.
El proyecto destaca el rol de los clubes como espacios de promoción de la actividad física, encuentro, participación y construcción de pertenencia, más allá de su función estrictamente deportiva.
Entre las acciones previstas, la autoridad de aplicación podrá impulsar actividades abiertas a la comunidad en conjunto con municipios, comunas, asociaciones y confederaciones deportivas. Se contemplan jornadas recreativas, propuestas de iniciación deportiva, muestras institucionales y actividades destinadas a acercar los clubes a nuevos participantes.
Además, el Ejecutivo provincial podrá disponer la iluminación de edificios públicos con los colores verde y blanco, en referencia al césped y las líneas que delimitan los espacios deportivos.
La elección de octubre responde también a su coincidencia con el mes en que se celebra el Día de la Familia en Argentina. Según los fundamentos del proyecto, la propuesta busca generar una instancia anual de participación que convoque a las familias y fortalezca los vínculos comunitarios construidos alrededor de los clubes.
La sesión fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y, en algunos tramos, por el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas.
Discapacidad: un pronunciamiento frente al Presupuesto Nacional 2027
Entre los demás asuntos abordados, la Unicameral aprobó un proyecto impulsado por los legisladores Oscar Agost Carreño y Carlos Carignano, mediante el cual se insta a los diputados nacionales por Córdoba y se instruye a los senadores de la provincia a no acompañar disposiciones del Presupuesto Nacional 2027 que impliquen reducciones o restricciones de derechos, prestaciones y coberturas para las personas con discapacidad.
El pronunciamiento hace especial referencia a la posible modificación de la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el empleo formal.
También plantea objeciones a eventuales cambios en los parámetros arancelarios de las prestaciones de atención integral, que podrían generar diferencias de cobertura según el financiador o la jurisdicción.
Otro de los puntos expresa el rechazo al traslado de responsabilidades económicas, financieras o prestacionales actualmente asumidas por el Estado nacional hacia las provincias, sin la correspondiente transferencia de recursos.
Finalmente, el proyecto insta a los representantes cordobeses en el Congreso a defender las garantías establecidas por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Libertad de expresión y respaldo institucional
Por otra parte, la Legislatura aprobó una declaración de solidaridad con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con medios de comunicación nacionales e internacionales, reafirmando la importancia del respeto institucional, la libertad de expresión y la libertad de prensa.
La iniciativa, presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical, promueve una comunicación pública basada en el respeto mutuo, el diálogo y la convivencia democrática, en el marco de las garantías establecidas por la Constitución Nacional.
De esta manera, la sesión legislativa incluyó decisiones vinculadas con el reconocimiento de las instituciones deportivas, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el respaldo a principios relacionados con la convivencia democrática y la libertad de prensa.