El Primer Congreso Internacional de Crimen Organizado, Cooperación Internacional y Lucha contra el Narcotráfico se desarrolló durante dos jornadas. El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, presentó el denominado «Modelo Córdoba» y planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las provincias de la Región Centro.
Córdoba fue sede del Primer Congreso Internacional de Crimen Organizado, Cooperación Internacional y Lucha contra el Narcotráfico, un encuentro que reunió durante dos días a especialistas nacionales e internacionales, magistrados y representantes de organismos de seguridad para analizar los desafíos que plantea la narcocriminalidad.
La actividad se desarrolló el miércoles y jueves y fue coorganizada por el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia, la Universidad Siglo 21 y el Colegio de Abogados de Córdoba.
Bajo el lema «Desafíos y respuestas desde la Justicia penal internacional, la cooperación regional y las políticas públicas de seguridad», el congreso propuso un espacio de intercambio sobre estrategias para enfrentar las redes del crimen organizado y fortalecer la cooperación entre instituciones.
Durante la apertura participaron el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el fiscal general de la Provincia, Carlos Lezcano; el consejero del Departamento de Víctimas de la Corte Penal Internacional de La Haya, Javier Ruíz; el vicerrector de la Universidad Siglo 21, Pablo Rivarola, y el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, entre otras autoridades.
El «Modelo Córdoba» contra el narcotráfico
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la exposición del ministro Julián López, quien presentó los principales lineamientos del denominado «Modelo Córdoba» durante la mesa dedicada al narcotráfico, la criminalidad organizada y las políticas públicas de seguridad en la Región Centro.
El funcionario sostuvo que la Provincia mantiene una decisión política de fortalecer las capacidades estatales, invertir en investigación y sostener la presencia territorial. También remarcó que el narcotráfico funciona mediante redes interconectadas y que la respuesta estatal debe adoptar una lógica de coordinación similar.
El esquema provincial contempla el combate al narcomenudeo, el trabajo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo conducción judicial y el control del sistema penitenciario para impedir que los líderes de organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
A esos componentes se suman la demolición de puntos de venta de drogas, el decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas, la prevención social y la participación de los vecinos mediante denuncias anónimas.
El desafío de la coordinación regional
Durante su intervención, López también puso el foco en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos frente a la expansión de las organizaciones criminales hacia el interior productivo.
En ese sentido, planteó como prioridad avanzar en el intercambio de información y el cruce de datos en tiempo real entre las tres provincias, además de incorporar herramientas de cooperación institucional y tecnológica.
Finalmente, el ministro reclamó un mayor compromiso financiero y operativo del Estado nacional en las fronteras, con el objetivo de reforzar los controles sobre el narcotráfico a gran escala y el lavado de activos.
El congreso buscó consolidar un ámbito de debate e intercambio internacional sobre las respuestas judiciales, policiales y políticas necesarias para enfrentar una problemática que trasciende las fronteras provinciales y nacionales.