Un informe del Centro de Economía Política Argentina advierte sobre la reducción de los medicamentos incluidos en el esquema nacional de provisión, la caída de los tratamientos distribuidos y el aumento del gasto que deben afrontar los jubilados. En Córdoba, los tratamientos dispensados por Remediar disminuyeron un 31,3% entre 2024 y 2025.
El acceso gratuito a los medicamentos sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años. El Gobierno nacional redujo progresivamente la provisión del programa Remediar, destinado a abastecer a los centros de salud públicos, y modificó las condiciones de cobertura del Pami. Los cambios redujeron el alcance de los mecanismos nacionales de asistencia y trasladaron una mayor presión económica a los pacientes, las familias y las provincias.
Uno de los cambios más recientes se formalizó el 15 de octubre de 2026, cuando el Ministerio de Salud de la Nación derogó el listado de 128 medicamentos esenciales que regía desde 2021 y aprobó uno nuevo, compuesto por seis principios activos.
La nueva nómina está orientada a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares e incluye ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
La modificación dejó afuera del listado anterior numerosos medicamentos utilizados para tratar enfermedades crónicas y afecciones frecuentes, entre ellos productos para la diabetes, el hipotiroidismo, el asma y distintas infecciones.
Los datos surgen del informe Ajuste en medicamentos: el caso del Programa Remediar, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Personas Mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (Algec), con información actualizada a octubre de 2026.
Los medicamentos que quedaron afuera
Entre los productos que ya no figuran en el nuevo listado nacional se encuentran:
- Metformina: utilizada para el tratamiento de la diabetes tipo 2.
- Levotiroxina: indicada para el hipotiroidismo.
- Salbutamol: broncodilatador empleado por personas con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Amoxicilina y cefalexina: antibióticos utilizados para tratar distintas infecciones.
- Sulfato ferroso: empleado para prevenir y tratar la anemia.
- Ácido fólico: utilizado durante el embarazo y para prevenir determinadas deficiencias nutricionales.
- Fluconazol: antimicótico indicado para infecciones por hongos.
- Loratadina: antihistamínico utilizado para tratar alergias.
- Anticonceptivos farmacológicos: destinados a la anticoncepción y la planificación reproductiva.
La exclusión también comprende otros antibióticos y presentaciones pediátricas que formaban parte de la canasta anterior.
La resolución establece un listado orientativo y de referencia para las compras centralizadas, la planificación y la provisión nacional. No impide que las provincias adquieran otros medicamentos ni limita sus propias políticas de abastecimiento. En consecuencia, la continuidad de esos tratamientos dependerá en mayor medida de las decisiones y los recursos de cada jurisdicción.
El informe estima que unos 4,3 millones de personas presentan glucemia elevada o diabetes, mientras que entre 2 y 2,5 millones padecen EPOC. También señala que más del 6% de los adultos jóvenes tiene asma.
Remediar: cayó un 62% la cantidad de tratamientos dispensados
Creado en 2002, Remediar fue diseñado para garantizar medicamentos gratuitos a las personas que se atienden en el sistema público de salud. Su funcionamiento se basaba en la distribución de botiquines a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
En su etapa de mayor alcance llegó a unos 8.100 establecimientos y alcanzaba a 19 millones de personas, según datos del Ministerio de Salud citados por el relevamiento.
La reducción comenzó en 2024. Los botiquines, que contenían alrededor de 75 productos, pasaron a incluir unos 30 durante el primer semestre de 2026 y quedaron en 22 o 23 desde julio.
La cantidad de tratamientos dispensados también registró una fuerte caída: pasó de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, lo que representa una disminución del 62%.
En paralelo, los centros abastecidos se redujeron a 4.131 en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026.
El impacto también se observa en las provincias. Entre 2024 y 2025, Chaco registró una reducción del 72,4% en los tratamientos dispensados; Salta, del 70%; Mendoza, del 64,5%; y Córdoba, del 31,3%.
En materia presupuestaria, el crédito asignado a Remediar para 2026 asciende a $36.054 millones. Según el cálculo del CEPA, representa una caída real del 72% respecto de los fondos ejecutados en 2023.
Pami: los afiliados afrontaron aumentos del 638%
El ajuste también alcanzó a los afiliados del Pami, que brinda cobertura a más de 5,3 millones de personas.
Desde 2024 se modificaron progresivamente las prestaciones farmacéuticas. En abril de ese año, la cantidad de medicamentos gratuitos por afiliado pasó de seis a cinco. En junio se excluyeron 11 moléculas de la cobertura del 100% y, en agosto, otras 44, entre antibióticos, corticoides y analgésicos. Para parte de esos productos se estableció un descuento del 40% bajo la categoría de uso eventual.
Además, la Resolución 2431/2024 endureció las condiciones para acceder al subsidio social que permite obtener medicamentos sin cargo. Entre los requisitos se establecieron límites de ingresos, la imposibilidad de contar con medicina prepaga y restricciones vinculadas con la propiedad de inmuebles y vehículos.
En este último punto, existe una diferencia entre el texto original de la resolución y los requisitos que actualmente informa Pami: la norma de 2024 establecía una antigüedad de 15 años para los vehículos, mientras que la información vigente del organismo menciona diez años.
El impacto económico se refleja en la evolución de los precios. Según el CEPA, entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron un 404% en sus precios de venta al público. Sin embargo, el costo que afrontan los afiliados por los medicamentos relevados con cobertura de Pami subió alrededor de un 638%.
En el mismo período, la inflación acumulada fue del 351%, mientras que la jubilación mínima con bono aumentó aproximadamente un 306%, hasta alcanzar los $505.749 en octubre de 2026.
Algunos productos registraron incrementos todavía mayores. El Micardis, utilizado para tratar la hipertensión arterial, aumentó un 850%; el Optamox, un antibiótico a base de amoxicilina, un 844%; y el Atlansil, indicado para trastornos del ritmo cardíaco, un 600%.
El relevamiento calcula además que el ahorro mensual que representaba la cobertura gratuita, estimado en $84.988 en diciembre de 2024, equivale a unos $138.500 en octubre de 2026. Ese monto representa aproximadamente el 27% de una jubilación mínima con bono.
También recortaron partidas del presupuesto sanitario
A las modificaciones en Remediar y Pami se sumó una reducción de los recursos generales del Ministerio de Salud. En mayo de 2026, la Decisión Administrativa 20/2026 recortó más de $63.000 millones y llevó el presupuesto vigente del área de $7,4 billones a $6,66 billones, según el análisis del CEPA.
Entre las partidas afectadas se encuentran el acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica, con una reducción cercana a los $20.000 millones; los tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo, con $5.000 millones; y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, con $3.195 millones.
También se registraron recortes en Salud Sexual y Procreación Responsable, por $900 millones, y en la respuesta al VIH, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, la tuberculosis y la lepra, por $800 millones.
El documento advierte, además, sobre la baja ejecución de algunas partidas. A mediados de mayo, el programa de tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo había utilizado apenas el 6,2% de su presupuesto, mientras que el de acceso a medicamentos había ejecutado alrededor de un tercio.
Las dificultades económicas para sostener la atención sanitaria también aparecen en otros indicadores. Un estudio de 2026 del Observatorio Social de la UCA y la Sociedad de Gerontología y Geriatría señala que el 35,2% de los hogares con personas mayores debió postergar o resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos durante 2025. Además, el 50% de las personas mayores encuestadas evaluó negativamente la cobertura de medicamentos del Pami.
La reducción del alcance de los programas nacionales, el aumento de los precios y las restricciones para acceder a la cobertura gratuita configuran un escenario de mayor presión sobre los hogares. Para quienes necesitan medicación de manera permanente, sostener un tratamiento representa un gasto cada vez más difícil de afrontar.